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Chihuahua.- El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, consideró que los estados de la frontera norte de México y el sur de Estados Unidos comparten una condición de comunidad binacional, por lo que los problemas que afectan a ambos lados deben atenderse de manera conjunta y con estrategias coordinadas.
El funcionario señaló que, aunque se trata de países distintos, las dinámicas sociales y delictivas trascienden la línea fronteriza. “Vivimos en una comunidad binacional. Algunos de los males que aquejan, aunque sean países distintos, al final del día afectan de los dos lados de la frontera”, afirmó.
En ese contexto, De la Peña sostuvo que las autoridades mexicanas deben redoblar esfuerzos de colaboración con sus contrapartes estadounidenses, con el objetivo de frenar el avance de la delincuencia organizada y llevar ante la justicia a quienes generan violencia y daño social en ambos territorios. “Debemos redoblar un esfuerzo para colaborar con la autoridad norteamericana y llamar al orden o llevar ante la justicia a todas estas personas que tanto daño le hacen a nuestras sociedades”, expresó.
Añadió que el enfoque no debe limitarse a una visión estrictamente nacional, sino asumir que se trata de problemáticas compartidas. “No solo debemos pensar como dos países, sino como una comunidad”, dijo, al tiempo que planteó la necesidad de desprenderse de conceptos que obstaculizan la cooperación bilateral.
Finalmente, el secretario general de Gobierno calificó como positiva la invitación a fortalecer la coordinación entre ambos países, siempre bajo el respeto a sus respectivas políticas internas, y subrayó la urgencia de acelerar la cooperación con Estados Unidos para contener a los grupos criminales y frenar el impacto destructivo del tráfico y consumo de drogas.
Atribuye Estado imprudencia de particular en accidente de R. Almada
Además, Santiago de la Peña, informó que la resolución preliminar sobre el accidente ocurrido la semana pasada en el cruce de la avenida Fuentes Mares y R. Almada señala como causa una imprudencia o impericia del vehículo particular involucrado, y no una falla atribuible al transporte público.
De acuerdo con el funcionario, la información que le fue reportada establece que el autobús implicado en el percance contaba con seguro de responsabilidad civil vigente, mientras que el vehículo particular no tenía dicha cobertura, lo que complica el proceso de reparación del daño. “El accidente fue causado por una imprudencia o por la impericia del vehículo particular”, señaló.
De la Peña precisó que, ante esta situación, se procederá conforme a la ley para deslindar responsabilidades y atender las consecuencias legales del hecho.
Añadió que, en este caso específico, la unidad de transporte público cumplía con la normatividad y no fue la que originó el desenlace del accidente.