Chihuahua.- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Chihuahua mantienen el paro laboral y la toma de instalaciones por segundo día consecutivo, como parte de una movilización nacional para exigir certeza jurídica sobre sus condiciones laborales.
Los empleados de distintas sedes judiciales suspendieron actividades en protesta por los acuerdos emitidos por el Órgano de Administración Judicial en materia de evaluaciones laborales, particularmente por las medidas sancionatorias que inicialmente se contemplaban para la base trabajadora.
Joaquín Soberanes Jiménez, oficial de partes en el Juzgado Civil y de Trabajo del PJF, explicó que las movilizaciones responden a la incertidumbre generada por dichas disposiciones.
Señaló que, aunque ya hubo acercamientos entre las autoridades centrales y las representaciones sindicales para retirar los puntos considerados punitivos, los trabajadores mantendrán las protestas hasta que los compromisos sean formalizados legalmente.
"Comprendemos que ya hubo un acercamiento y un diálogo con las autoridades del órgano y los dos sindicatos para quitar el tema sancionatorio que brindaba incertidumbre a nuestra base trabajadora. Sin embargo, no es suficiente, ha habido acuerdos de palabra, pero no se ha firmado nada de puño y letra ni se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación y hasta que no se publique, sea ley y resulte obligatorio para todos, no vamos a ceder", aseveró Soberanes Jiménez.
Asimismo, indicó que la intención de los manifestantes es mantener la toma y el cierre de los edificios judiciales de manera indefinida, hasta obtener una respuesta formal por parte de las autoridades.
"Vamos a permanecer aquí hasta que el Órgano de Administración Judicial apruebe la modificación al acuerdo del pasado jueves y lo publique, la base trabajadora estará muy al pendiente de que en esa segunda publicación no introduzcan cláusulas ocultas o letras chiquitas con las que intenten engañarnos", subrayó.
De acuerdo con el testimonio del oficial de partes, la movilización tiene alcance nacional y contempla acciones coordinadas en al menos 20 entidades federativas, entre ellas la Ciudad de México, Durango, Tabasco y Ciudad Juárez.