Esta declaración se da después de que el gobierno de Estados Unidos realizará una solicitud que involucra directamente a nueve funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, todos vinculados a temas de seguridad.
Señaló que incluso ya existen solicitudes de detención, según lo consignado en algunos medios y que el gobierno federal deberá fijar una postura clara en torno a este asunto.
Asimismo, subrayó que sería lamentable que presuntas actividades relacionadas con delincuencia organizada afecten a la ciudadanía en general.
Ademas, destacó que cualquier falta cometida por un servidor público representa un agravio directo a los mexicanos, antes incluso de que se traslade el debate a instancias internacionales.
En su opinión, si se acredita la participación de los señalados en actividades ilícitas, el primer daño se produce en el país y contra su pueblo.
Finalmente, reconoció que la decisión de Estados Unidos de procesar legalmente a los implicados es una consecuencia de sus actos, pero insistió en que la verdadera agresión es hacia México.