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Chihuahua.- El gobierno del estado suspendió el comodato de las unidades utilizadas en la operación de la línea BRT 2 en Ciudad Juárez debido al incumplimiento de obligaciones por parte del grupo empresarial concesionario, sin que ello implique la cancelación o modificación de la concesión, informó el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.
El funcionario explicó que la decisión obedece a que el contrato de comodato venció el pasado 31 de diciembre y no fue renovado, luego de que la empresa concesionaria no adquiriera las unidades nuevas a las que estaba obligada desde que obtuvo la concesión durante la administración estatal anterior.
“Ellos tienen la obligación de adquirir autobuses nuevos con determinadas características y hasta el día de hoy no han integrado ninguno. Hablan de dos unidades articuladas: una lleva meses sin funcionar y la otra semanas”, señaló.
Ante esta situación, dijo, el gobierno estatal determinó asegurar la continuidad del servicio con unidades propias, provenientes de la flota de 104 autobuses adquiridos por instrucción de la gobernadora Maru Campos para el sistema de transporte en Ciudad Juárez.
De la Peña rechazó que exista un conflicto político o administrativo con los concesionarios y subrayó que la prioridad es garantizar el servicio a los usuarios. “No se trata de un pleito, se trata de asegurar la atención a los usuarios del transporte en Ciudad Juárez”, afirmó.
Indicó que, como respuesta a la exigencia de cumplir con la concesión, la empresa dejó de operar rutas alimentadoras, situación que fue subsanada por el gobierno estatal a través de la Operadora de Transporte del Estado (OTB), incluyendo la ruta Pablo Gómez, también a cargo del mismo grupo empresarial.
El secretario general reiteró que la concesión permanece vigente y que los concesionarios aún tienen la posibilidad de cumplir con los términos establecidos. “Si tienen sus autobuses, bienvenidos a operar su concesión en los términos previstos. Aquí es simplemente quién cumple y quién no cumple”, sostuvo.
Añadió que durante 18 meses el gobierno estatal cubrió la falta de unidades de la empresa, pero advirtió que no es viable mantener un esquema en el que el Estado asuma las obligaciones mientras los concesionarios concentran los beneficios.
Finalmente, De la Peña enfatizó que no se iniciará un proceso de cancelación de la concesión por las implicaciones legales y el impacto que tendría en los usuarios. “No podemos ser irresponsables e iniciar una batalla legal que termine pagando la ciudadanía. Lo más importante es garantizar un transporte digno, seguro y de calidad para los juarenses”, concluyó.
Política exterior corresponde a la Presidencia: De la Peña sobre Maduro
La posición oficial de México frente a la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por autoridades de Estados Unidos corresponde exclusivamente al Ejecutivo federal, conforme a lo establecido en la Constitución, afirmó el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.
El funcionario señaló que la conducción de la política exterior es facultad de la Presidencia de la República y confió en que la presidenta Claudia Sheinbaum fijará una postura “con toda responsabilidad y pensando en el mejor interés del país”, de acuerdo con los principios constitucionales que rigen las relaciones internacionales de México.
De la Peña consideró que se trata de un tema complejo que remite tanto al derecho internacional como a la situación interna que vive Venezuela desde hace más de dos décadas, marcada —dijo— por el deterioro de sus instituciones democráticas y la violación sistemática de derechos humanos.
“Durante los últimos 25 o 30 años, entre 8 y 9 millones de venezolanos han abandonado su país. Eso habla de un deterioro institucional profundo, de una crisis económica severa y de un régimen que ha destruido las instituciones democráticas y vulnerado los derechos humanos”, sostuvo.
El secretario general indicó que, si bien la postura oficial del gobierno estatal se fijará en su momento, no puede ignorarse la dimensión humanitaria de la situación venezolana. Añadió que la detención de Maduro en Estados Unidos responde a acusaciones formuladas por ese país, que lo señala —junto con su esposa— de afectar sus intereses nacionales y de presuntos vínculos con el narcotráfico.
“Es una historia que apenas inicia y habrá que ver cómo evoluciona para poder fijar una posición más robusta”, apuntó.
En cuanto a un posible impacto en materia de seguridad o migración, De la Peña descartó riesgos inmediatos para Chihuahua y consideró que incluso podría presentarse un flujo migratorio inverso, luego de que en años recientes la presencia de ciudadanos venezolanos fue significativa en el tránsito de sur a norte.
Aseguró que el estado mantiene una política de seguridad estricta y que, en caso de identificarse algún riesgo, se ajustarán las estrategias correspondientes. “Nuestra prioridad es responderle a los chihuahuenses y garantizar su seguridad”, concluyó.
Es paradójico: De la Peña cuestiona disparos de funcionarias en Guadalupe y Calvo
Por último, el secretario general de Gobierno, consideró “paradójico” que funcionarias municipales cercanas a la presidencia de Guadalupe y Calvo aparezcan realizando disparos con armas de fuego, cuando la propia alcaldesa ha solicitado apoyo federal ante la situación de inseguridad en la región.
Sobre el caso de Esmeralda Pizarro Mendívil, subdirectora de Obras Públicas, y Blanca Arleth Marín Escárcega, secretaria particular de la alcaldesa Ana Laura González Ábrego, quienes fueron captadas en videos disparando armas durante festejos de Año Nuevo, el funcionario estatal señaló que el hecho llama la atención por el contexto de violencia que enfrenta el municipio serrano.
“Yo vi a través de los medios de comunicación, efectivamente eso. No deja de llamar la atención porque luego, por parte de las autoridades municipales, se han enviado algunos gritos de auxilio a la Federación y se le ha concedido incluso la protección de la Guardia Nacional a la propia presidenta”, expresó.
De la Peña subrayó que resulta contradictorio que, mientras se solicita respaldo federal en materia de seguridad, funcionarias cercanas a la alcaldesa mantengan conductas que se alejan de los estándares que se esperan del servicio público.
“Resulta un poco paradójico que sus propias funcionarias municipales, muy cercanas a la presidencia municipal, tengan este tipo de actitudes”, apuntó.
El secretario general de Gobierno consideró que las servidoras públicas involucradas deben rendir cuentas ante la propia autoridad municipal y que, en caso de existir elementos para una investigación, las instancias correspondientes deberán actuar.
“Yo creo que ellas deberán de ser llamadas a cuentas por la propia alcaldesa y, si además de eso hay algún tema que haya que investigarse, pues las autoridades estarán haciendo lo correspondiente”, dijo.
Finalmente, De la Peña remarcó que los funcionarios públicos, especialmente en municipios que enfrentan condiciones de violencia e inseguridad, están obligados a mantener una conducta intachable.
“Los servidores públicos, más en situaciones como las que de pronto se denuncian por parte de la propia alcaldesa, deberemos tener una conducta intachable, y lo que se ventila a través de las redes sociales de estas funcionarias riñe un poco con lo que se esperaría de un funcionario público”, concluyó.