Aprueba Congreso hasta 42 años de cárcel para extorsionadores

La última pinza para arrancar la cruzada que combata la extorsión en México ha encontrado viento a favor en el Senado mexicano, que ha aprobado por unanimidad este miércoles en lo general y en lo particular una veintena de cambios de calado al proyecto enviado por la Cámara de Diputados. Las enmiendas han retrasado la puesta en marcha de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, enviada en octubre por la presidenta, Claudia Sheinbaum, pero a cambio la han fortalecido. La nueva ley establece la homologación del delito para que se persiga en las 32 entidades del país y que sea investigado de oficio, es decir, sin necesidad de que exista un denunciante plenamente identificado. Senadores oficialistas y opositores han aupado el endurecimiento de las penas para extorsionadores, con un tope máximo de 42 años de prisión, dependiendo de la treintena de agravantes en las que se incurra, según han considerado. La Cámara baja, con los votos oficialistas y con la oposición en contra, había suavizado las sanciones contra los supuestos del delito. Entre ellos, el derecho de piso, una cuota que cobran los grupos criminales para permitir a los negocios trabajar sin ser molestados que pega a comercios y servicios, al transporte y la distribución de mercancías, a medianas y grandes empresas, a gobiernos municipales y a vendedores ambulantes. Los accidentes de tránsito —conocidos como montachoques— y las llamadas telefónicas de coacción que salen desde centros penitenciarios también son consideradas como variantes del delito.

El bloque opositor ha sido escuchado en la segunda vuelta del proceso legislativo. Las demandas de panistas, priistas y emecistas que desde el inicio de la discusión, en octubre, advirtieron de la laxitud de las penas de un delito que golpe con fuerza a todos los sectores en México y crece exponencialmente, han tenido eco en la bancada mayoritaria del Senado. La sanción mínima ha quedado entre 15 a 25 años, con agravantes que la llevan hasta los 42 años. En el texto anterior, era de seis a 15 años. Las penas contra funcionarios -policías, ministerios públicos, directores de centros penitenciarios y más que omitan denunciar delitos de extorsión conocidos, también han sido modificadas. La propuesta original enviada por Sheinbaum, que propuso de 10 a 20 años de cárcel, se ha recuperado en lugar de los cinco a 12 años aprobados por los diputados.

El oficialismo, Morena, PT y PVEM, y el bloque opositor, formado por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), han dado su voto casi sin regateos. La unanimidad rota en la Cámara baja ha revivido este miércoles. La nueva norma, clasificada como un brazo de la Estrategia Nacional de Seguridad, ha logrado la unidad, aunque momentánea, de los dos bloques del país. “Queremos reconocer que estos cambios modifican de fondo preocupaciones que teníamos”, ha dicho la senadora emecista Alejandra Barrales.

La falta de presupuesto etiquetado para ejecutar la multinombrada cruzada contra la extorsión del Gobierno de Sheinbaum ha sido el punto más ácido de la discusión. “Si no garantizamos recursos suficientes para la implementación, el seguimiento, la persecución del delito de extorsión, esto va a quedar como un catálogo de buenas intenciones”, lanzó la panista Guadalupe Murguía. La nueva ley no ha considerado necesario recursos adicionales. Esto ha puesto en duda la operatividad de los lineamientos que, entre otros aspectos, consideran la creación de oficinas especializadas en las fiscalías de los Estados. En consecuencia, la bancada priista se posicionó en la misma dirección. “Es necesario fortalecer a las policías y ministerios públicos. Deseamos que esta ley funcione y va a funcionar mejor si le ponen dinero”, zanjó Carolina Vigiano a nombre del PRI.

Durante la discusión de las propuestas de modificación al dictamen planteadas por legisladores de todas las fuerzas parlamentarias.

En la discusión particular del dictamen han sido aprobados dos cambios propuestos por Morena. Con el primero se ha incluido la atención de las víctimas de extorsión con perspectiva de género. La segunda enmienda ha tocado el fondo. Se ha incluido como agravante de las sanciones el uso de dispositivos, medios o plataformas como medios de extorsión. “Se trata de cerrar las grietas a las plataformas digitales y las telecomunicaciones para evitar que sean medios que faciliten la extorsión”, ha dicho Ignacio Mier, el vicecoordinador de la bancada guinda y autor de la enmienda. El proyecto ha sido regresado a la Cámara de Diputados, en donde darán luz verde a los cambios aprobados este miércoles, según ha dicho Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro.

 

(Información de El País)