Avanza aborto en Chiapas pero faltan las modificaciones al Código Penal

Chiapas.- El presidente de la mesa directiva del Congreso de Chiapas, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, aseguró que con la aprobación de la reforma al artículo 4 de la Constitución estatal quedó «formalmente despenalizado el aborto en Chiapas», sin embargo, esta afirmación es imprecisa, ya que las reformas al Código Penal, necesarias para eliminar las sanciones, no han sido realizadas.

La reforma constitucional elimina el texto que reconocía y protegía el derecho a la vida «desde el momento de la concepción». Aunque esto representa un avance hacia la garantía de los derechos reproductivos, la despenalización del aborto no será efectiva hasta que el Congreso ajuste las disposiciones penales correspondientes.

Las declaraciones que hicieron las y los diputados del Congreso del Estado en favor del derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo da entender que su intención es sacar adelante las reformas al Código Penal para que se materialice la despenalización.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso del Estado de Chiapas, hace unas semanas, adecuar su legislación para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres, lo que incluye una revisión de las disposiciones que criminalizan el aborto.

Esto surgió como parte de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por organismos de derechos humanos y otros actores, en las que la Corte ha considerado que criminalizar el aborto de manera absoluta viola los derechos humanos de las mujeres, ya que restringe su autonomía reproductiva y pone en riesgo su salud, seguridad y dignidad.

La SCJN, en sus resoluciones, ha buscado garantizar que las legislaciones locales, incluido el marco normativo de Chiapas, se alineen con los estándares de derechos humanos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.

El antecedente

El Congreso del Estado de Chiapas aprobó por mayoría la reforma al artículo 4 de la Constitución local el pasado 19 de noviembre. Aunque esta modificación no implica la despenalización del aborto, sí era un paso adelante hacía esa vía.

Esa reforma sustituya el texto que reconocía y tutelaba el derecho a la vida “desde el momento de la concepción”, que fue una iniciativa que fue impulsada en diferentes estados de la república como respuesta a la despenalización del aborto en la Ciudad de México.

En Chiapas, el reconocimiento de la vida desde la concepción se estableció en 2009. En ese año, el Congreso local aprobó una reforma al artículo 4 de la Constitución estatal, estipulando que el Estado reconoce, protege y tutela el derecho a la vida «desde el momento de la concepción» hasta la muerte natural, y esa reforma es la que fue quitada este jueves.

La reforma constitucional fue aprobada por la mayoría de las y los legisladores locales, a excepción de la diputada Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, quien se manifestó en contra de la iniciativa desde la tribuna.

La sesión se llevó a cabo con la presencia en la sala del Pleno del Congreso de integrantes de colectivos feministas que respaldaban la modificación. Mientras tanto, en las afueras del Congreso, un grupo religioso llevó a cabo una manifestación en contra de la propuesta.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso del Estado de Chiapas, hace unas semanas,  adecuar su legislación para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres, lo que incluye una revisión de las disposiciones que criminalizan el aborto. Esto surgió como parte de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por organismos de derechos humanos y otros actores, en las que la Corte ha considerado que criminalizar el aborto de manera absoluta viola los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, ya que restringe su autonomía reproductiva y pone en riesgo su salud, seguridad y dignidad.

La SCJN, en sus resoluciones, ha buscado garantizar que las legislaciones locales, incluido el marco normativo de Chiapas, se alineen con los estándares de derechos humanos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.

El debate sobre la despenalización del aborto en México está vinculado al reconocimiento de los derechos humanos y la igualdad de género. Despenalizar el aborto no solo busca garantizar la libre decisión de las mujeres, sino que también pretende proteger su salud. Esta reforma en Chiapas, aunque no despenaliza directamente el aborto, puede ser el primer paso hacia la creación de un marco normativo más equitativo y justo para todas las mujeres.

La Suprema Corte en caso Chiapas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pasado 8 de noviembre, despenalizó el aborto en Chiapas, esto luego de resolver una acción de inconstitucional que declaró como inválidos algunos artículos del Código Penal local que penalizaban la interrupción legal del embarazo.

Con nueve votos a favor y uno en contra, Chiapas está cerca de alcanzar la despenalización, pues sólo queda que las autoridades estatales homologuen su Código Penal. Según refirió el ministro Luis María Aguilar, para resolver la problemática, se tomó en consideración lo decidido por el Pleno acción de inconstitucionalidad 148 /2017 donde se determinó que el acceso a condiciones que aseguren una existencia digna, incluyendo el cuidado de la salud, es fundamental puesto que son condiciones indispensables para decidir sobre la vida reproductiva, por ello, es inconstitucional penalizar el aborto, no solo en casos de riesgo físico, sino también, cuando el embarazo es incompatible con los planes de vida de la mujer.

Y es que, consultando el Código Penal de Chiapas, se encuentra que acceder a una interrupción legal del embarazo (ILE) en esta entidad es punible a excepción de sólo algunos escenarios: Cuando existiese peligro de muerte, alteraciones genéticas incompatibles con la vida.

Por ello, la resolución de la SCJN resulta importantísima, pues hace un llamado a que la penalización del aborto no sea sólo bajo ciertas condiciones, sino un derecho humano para todas sin necesidad de demostrar nada frente al Estado.

La ministra Loretta Ortiz Ahif señaló que la criminalización vulnera de manera innecesaria de las mujeres afectando su libertad, autonomía corporal y su derecho a desarrollar sus proyectos de vida.

«Estas normas perpetúan normas y prejuicios de género que buscan castigar a quienes desean no ser normas. Las leyes al formar parte de una realidad compleja transmiten mensajes que influyen en los comportamientos de las personas que sustentan estos prejuicios. Este asunto representa una oportunidad para asegurar que todas las personas puedan asegurar sus derechos reproductivos libres de obstáculos», refirió la ministra.

Ante esto, la Corte emitió una sentencia que obligará al Congreso de Chiapas a sacar los artículos que criminalizan y despenalizan el aborto. Esto representa un avance importante, pues Chiapas, al igual que muchas otras entidades, ha librado una lucha constante por sus derechos sexuales y reproductivos.

El avance para consolidarlo comenzó a tomar mayor fuerza desde el año pasado, pues precisamente en mayo del 2023, se logró reformar el Código Penal para eliminar el plazo de gestación cuando la mujer estuviera dentro del marco de la no punibilidad. Esto representó el primer paso al frente y ahora, se logró meter por completo a la marea verde en el estado sureño.

¿Esto quiere decir que las mujeres podrán acceder a este derecho? Si bien se tiene ya una sentencia de la SCJN, el pendiente que queda es el trabajo del Congreso que tiene la obligación de acatar esta orden, es decir, una legalización suscrita en el Código Penal.

Mujeres en Chiapas y el avance de la marea verde en el país

De acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Gobierno, las mujeres en Chiapas representan el 51.2%, es decir, 5 millones 535 mil 828; el 20% de ellas se encuentran en edad reproductiva.Si bien no hay información que apunte al número de porcentajes anuales que se realizan en Chiapas a causa de la penalización, Ipas México aborda que en esta entidad se da el 5% de los nacimientos a nivel nacional.

Y 2 de cada 10 nacimientos corresponden a mujeres menores de 20 años y anualmente, se suscitan 772 nacimientos en niñas y adolescentes de entre 9 y 14 años, lo que coloca a esta entidad como la número 6 con mayores nacimientos entre mujeres jóvenes, menores de edad y niñas, sólo detrás de Veracruz, Jalisco, Puebla, Estado de México y Guanajuato.

Asimismo, para 2014, Chiapas tenía el porcentaje de mujeres en edad fértil con una necesidad no cubierta en métodos anticonceptivos, 6 puntos porcentuales más que la media nacional, lo que expone una clara deficiencia en materia de salud sexual y acceso a métodos para evitar la concepción no deseada.

De acuerdo con Ipas, esto puede estar relacionado con una lejanía a los módulos informativos, la baja escolaridad y la pertenencia étnica que se liga a usos a costumbres. De hecho, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud, el 59% de las mujeres que ingresaron al área de atención obstétrica (por parto o pérdida del producto), refirieron no tener ningún método anticonceptivo, asimismo, 2 de cada ellas, tenía menos de 20 años.

Hasta octubre de 2024, el aborto se ha despenalizado en las siguientes entidades federativas: Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Hidalgo (2021), Veracruz (2021), Coahuila (2021), Baja California (2021), Colima (2021), Sinaloa (2022), Guerrero (2022), Baja California Sur (2022), Quintana Roo (2022), Jalisco, Michoacán y Puebla (2024).

¿Y entonces dónde queda Chiapas?, bueno, Chiapas quedará en una segunda sección junto a otras entidades como Yucatán, Nayarit y Zacatecas, cuatro estados donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (y en el caso de estos dos últimos) Tribunales Colegiados ya han ordenado una resolución para derogar los artículos que penalizan el aborto. Es decir, los Congresos tienen el trabajo de acatar estar ordenes y, oficialmente, despenalizar según las resoluciones estipuladas.

La última entidad donde está la marea verde es Aguascalientes, sin embargo, este caso que -en algún momento fue la entidad 19-, vivió recientemente un trepitoso tambaleo luego de que el PAN lograra modificar el Código Penal local para reducir el periodo de gestación de 12 a 6 semanas.

 

 

(Información de CIMAC Noticias)