México.- Por considerarlas jurídicamente “improcedentes o inviables”, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados rechazó las ocho propuestas presentadas por la bancada del PAN para modificar el proyecto de convocatoria al proceso de elección de la presidenta sustituta del INE.
En su respuesta por escrito entregada este miércoles al coordinador de Acción Nacional en el Palacio de San Lázaro, José Elías Lixa, la mayoría guinda descartó las consultas a organizaciones de la sociedad civil para designar a los integrantes del Comité Técnico de Evaluación encargado de seleccionar los perfiles idóneos para el cargo de consejera presidenta, así como la presencia de observadores ciudadanos en las diversas etapas del proceso.
Sin mencionarlo en el documento, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, negó previamente la posibilidad de reformar por ahora la legislación electoral con el fin de cancelar los “súper poderes” otorgados a Guadalupe Taddei para designar a funcionarios administrativos y operativos del instituto de manera unilateral, sin consulta con el resto de los consejeros.
“No se puede, en términos constitucionales, modificar una regla electoral fundamental. Y creo que nosotros hemos mostrado voluntad para hacerlo en su momento oportuno, pero en este momento, pues, evidentemente, no es posible”, dijo.
De acuerdo con el “Posicionamiento del grupo parlamentario de Morena respecto a las valoraciones del grupo parlamentario del PAN relativas al Comité Técnico de Evaluación”, no es procedente incorporar una sola de los planteamientos del albiazul a la convocatoria.
La coordinación morenista consideró jurídicamente improcedente incorporar la consulta previa con organizaciones de la sociedad civil como requisito obligatorio para la integración del Comité Técnico de Evaluación con tres personas propuestas por la Junta de Coordinación Política y dos de la CNDH.
Asimismo, consideró “restrictivo” ampliar a ocho años el requisito de no haber sido servidores públicos en funciones ni haber tenido vínculo con algún gobierno o con autoridades electorales para integrar el comité.
Asimismo, “la presencia de personas observadoras en todas las reuniones y actividades del Comité Técnico de Evaluación, y presencia de personas legisladoras, es una solicitud que se considera como no procedente en los términos propuestos”.
Sostuvo que existen elementos jurídicos para justificar que la observación ciudadana no debe extenderse de manera irrestricta a todas las reuniones, deliberaciones y actividades del Comité Técnico de Evaluación, porque podría comprometer la confidencialidad de la información, la independencia de sus integrantes y la objetividad del procedimiento.
“Esto no significa rechazar la transparencia o la participación ciudadana. Se trata de distinguir entre las actividades que pueden ser observadas públicamente y aquellas que requieren condiciones de reserva, seguridad o deliberación técnica”, argumentó.
Información tomada de Milenio