Confiscan 57 mansiones y fincas a narcos, ex funcionarios y familiares de políticos

Las mansiones, fincas y terrenos de narcotraficantes, ex funcionarios corruptos y familiares de políticos convictos siempre han estado en la mira de la justicia, pero desde hace siete años las autoridades adquirieron “dientes legales” para asegurar las propiedades de personajes ligados a procesos judiciales.

Tras la expedición de la Ley de Extinción de Dominio en 2019, los funcionarios federales han logrado confiscar 57 bienes inmuebles a la delincuencia organizada. La lista incluye casonas de capos como Joaquín El Chapo Guzmán y Rafael Caro Quintero.

Así como de familiares de políticos como Emilio Lozoya y José Luis Abarca, o de ex funcionarios poco conocidos como Héctor Taurino Landa Cabrera, ex administrador central de Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Propiedades aseguradas por la FGR
Una revisión de los edictos publicados, realizada por MILENIO, muestra que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró una propiedad en 2019, tres en 2020, 11 en 2021, 14 en 2022, nueve en 2023, 14 en 2024. En lo que va de 2025 han sido asegurados cinco inmuebles relacionados con el crimen organizado.

Pese a los nuevos “dientes legales”, los procedimientos jurídicos en esta materia promedian sólo ocho confiscaciones cada año.

Las notificaciones públicas ordenadas por un juez especializado en la materia se publican en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para dar aviso de que un bien asegurado está sujeto a un juicio de extinción de dominio por estar involucrado en delitos como narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, entre otros ilícitos graves.

Aunque la mayoría de los inmuebles pertenecían a ciudadanos desconocidos, hay al menos 15 propiedades de personajes mediáticos.

En el caso de algunos inmuebles resulta imposible ver cómo eran las propiedades –casas, terrenos–, ya que en los sistemas de geolocalización públicos aparece difuminada la imagen para que no sea identificable.

Tal es el caso de una domiciliada en el Cerro de las Siete Gotas 642, en Culiacán, Sinaloa, una casona con un valor aproximado de 11 millones 224 mil pesos, de la familia de otro personaje más que conocido: Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

En Zapopan, CdMX y Sinaloa: ¿Quién se anima?
Al hacer una revisión de la ubicación de los inmuebles, se encontró que el lugar donde más casas y terrenos fueron asegurados a la delincuencia es Jalisco, particularmente en el municipio de Zapopan, uno de los que concentra fraccionamientos de lujo, desarrollos verticales, centros comerciales y una expansión inmobiliaria que lo volvió terreno fértil para el lavado de dinero del crimen organizado.

En esta zona las autoridades lograron el aseguramiento de 15 inmuebles, que suelen ser casas en fraccionamientos cerrados, con seguridad privada. Hay residencias en lugares como Puerta de Hierro, uno de los complejos inmobiliarios más exclusivos del país y ahí, en la calle Vereda del Tucán 184, fue asegurada por considerar que no se acreditó su legítima procedencia.

También en Zapopan, la FGR aseguró cuatro casas al narcotraficante Rafael Caro Quintero. Una con fachada naranja en Paseo de los Virreyes 4283, fraccionamiento Villa Universitaria; otra en Luigi Pirandello 5397, en el complejo Vallarta Universidad, y dos condominios en Sagitario 5289, del fraccionamiento Residencial Arboledas.

De ahí sigue la Ciudad de México, donde se aseguraron cinco casas localizadas en distintas áreas de la capital. 

Una de las propiedades que más destaca es un departamento en Puerta Alameda, conjunto residencial de lujo ubicado en pleno Centro Histórico, que era propiedad de Héctor Taurino Landa Cabrera, quien fuera administrador en el SAT entre 2013 y 2018, acusado de enriquecimiento ilícito.

Una de las propiedades está en la calle Crestón de la elegante colonia Jardines del Pedregal, donde, según medios de comunicación, habría estado viviendo un pariente de Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del Golfo y de Los Zetas.

Otro de los domicilios asegurados en la capital del país está en Rocas 194, una calle más en Jardines del Pedregal. 

Según registros hemerográficos, esta habría sido sede de la Fundación de la Confederación Nacional Campesina (CNC), uno de los tres sectores que conforman al PRI. A decir por el edicto, esta propiedad está vinculada con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En este barrio los precios de mansiones de más de mil metros cuadrados pueden fácilmente oscilar entre 80 y 110 millones de pesos.

El estado que tiene el tercer lugar en aseguramientos de bienes inmuebles es Sinaloa, donde las autoridades ministeriales lograron el aseguramiento de otras cinco propiedades, sobre todo en Culiacán, la capital del estado, tierra de crueles enfrentamientos entre los flancos abiertos luego de la escisión del Cártel de Sinaloa.

En esta ciudad el inmueble tal vez más simbólico es el de la calle Cerro de las Siete Gotas 642, colonia Antonio Rosales. Esta propiedad fue ofrecida en subasta, en 2019, en Los Pinos —la ex casa presidencial— a un precio, ya con descuento del 70 por ciento, de poco más de 11.2 millones de pesos.

Según las autoridades federales, esta sería una de las casas que Joaquín El Chapo Guzmán conectaba a través de túneles con las alcantarillas de Culiacán para evadir a la justicia. Una de las tantas casas donde vivieron familiares del narcotraficante, según reportaron medios locales.

Mansiones cerca del mar
Otro de los lugares donde se aseguraron inmuebles polémicos fue en Guerrero, donde las autoridades lograron asegurarle un departamento de lujo en Ixtapa Zihuatanejo a Marielle Helene Eckes Fassbender, ciudadana alemana y ex esposa de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos.

Se trata de un condominio en Quinta Mar, una de las zonas más lujosas y exclusivas de la costa mexicana, un desarrollo frente al mar, con acceso privado a playa, albercas infinitas y villas valuadas en millones de dólares. Se le considera destino habitual de políticos en auge, empresarios y magnates extranjeros.

Un inmueble nada ostentoso, pero significativo es el que se le aseguró a Yazareth Liz Abarca, hija del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien al igual que su esposa fue señalado por ser partícipe en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Localizado en la avenida Bandera Nacional 76, colonia Centro, en Iguala, es un edificio con varios locales en renta para negocios como consultorios dentales, venta de motos y estéticas. En julio de 2019, Yazareth Liz reclamó el aseguramiento de los inmuebles familiares por parte de la Fiscalía.

Otro de los casos más relevantes fue el aseguramiento de la Ex Hacienda San Juan Hueyapan, a tres kilómetros de Huasca, Hidalgo. Es una reliquia del año 1535, rodeada por pinares, con capilla y caballerizas, fundada por un familiar de Hernán Cortés.

La FGR aseguró la propiedad tras identificarla como parte de un patrimonio ligado a Ernesto Olvera Tinajero, El Concho, sospechoso de encabezar una red de huachicol (robo de combustible).

Abanico ancho para la extinción de dominio
Aunque la figura de la extinción de dominio ya existía en la legislación mexicana, el 9 de agosto de 2019 se publicó en el DOF la reforma constitucional al artículo 22, que amplió los supuestos de la extinción de dominio.

Con ello, la legislación ya no sólo aplica para hechos de delincuencia organizada, ahora también para actos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de hidrocarburos o recursos de procedencia ilícita.

La extinción de dominio se define como el instrumento jurídico con el que alguien pierde el derecho de propiedad sobre bienes cuyo origen es ilícito, o que pueden ser utilizados para cometer actos ilícitos. Por tanto, esos bienes pasan a ser propiedad del Estado, si así lo determina una sentencia de un juez calificado.

Una vez publicada la Ley de Extinción de Dominio fue posible enajenar bienes patrimoniales cuya procedencia no pudiera acreditarse pero, sobre todo, que se demostrara que se habían obtenido a través de hechos ilícitos.

Desde entonces se han publicado edictos periódicamente relacionados con esta normativa. Se anuncia –a los interesados o quienes se opongan a la extinción– qué tipo de inmuebles son los que están en disputa. 

Así, como se dijo antes, en 2019 sólo se publicó un edicto, número que creció hasta los 14 de 2022, nueve en 2023, y de nuevo 14 en 2024. En lo que va de este 2025 ha habido cinco edictos de propiedades aseguradas a la delincuencia.

Con excepción de los casos aquí observados, al hacer una búsqueda geolocalizada de las propiedades que se enuncian, se encuentra que un gran número de esos predios están en zonas rurales, o son construcciones hechas con madera en colonias pobres en el Estado de México, Tamaulipas, Hidalgo y Morelos.

 

 

(Información de Milenio)