Denuncian maestras falta de pagos en centro de estudios del bachillerato

Ciudad de México.- Por supuesta insuficiencia presupuestal, la Dirección General de Bachilleratos, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), retuvo los sueldos de al menos una decena de profesoras de nivel medio superior para que renuncien a plazas de base y firmen nuevos contratos provisionales, denunciaron profesoras.

En entrevista con Cimacnoticias, Adrianelly Hernández Vega, una de las profesoras afectadas, dijo que desde el 15 de agosto pasado no recibe su quincena. Al preguntar a la administración de su plantel (el Centro de Estudios del Bachillerato 4/2) sobre este retraso en el pago de su nómina, le informaron que su contrato había terminado pero que era un trámite ordinario y que sólo debía esperar para firmar la renovación. 

Adrianelly lleva seis años como profesora de ese bachillerato, pero fue hasta apenas hace dos años cuando, conforme lo indica la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, obtuvo su nombramiento Clave 10, es decir, de “alta definitiva”, plaza fija o puesto de base, lo que debía representar la estabilidad en el empleo.  

Para acceder a este nombramiento se requiere pasar tres exámenes, además de no tener nota desfavorable en su expediente. Al ser un puesto definitivo, la ley establece que éste se otorgue cuando el personal obtenga una promoción de ascenso por dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón o por resolución de la Comisión Dictaminadora de los planteles del Modelo de Educación Media Superior y Superior.

No obstante, el 20 de septiembre pasado, y gracias a que otras profesoras en su misma situación se pusieron en contacto entre sí, Adrianelly se enteró que el retraso en su pago se debía a que la DGB pretendía recontratarla a ella y a otras personas bajo un nuevo nombramiento identificado con la clave 95, que es de “Alta provisional”, es decir, una plaza temporal. 

En distintos oficios firmados por la Coordinadora Administrativa de la DGB, Mónica Paniagua Legaspi, y enviados a las y los profesores que estaban en la misma situación que Adrianelly, se explica que este cambio es consecuencia de una presunta insuficiencia presupuestal.

 “En el caso de las plazas que no cuentan con el soporte presupuestal autorizado, se expedirán nombramientos limitados hasta la quincena 202202, los cuales serán prorrogados periódicamente hasta en tanto se regularice el techo presupuestal de esta Dirección General por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puntualizando que la limitante se origina exclusivamente en la situación presupuestal de las plazas”, dicen los documentos de los que Cimacnoticias guarda una copia.

Dado que las y los profesores se han negado a firmar este nuevo nombramiento, la DGB no ha pagado su sueldo desde el pasado 15 de agosto, lo que representa a este 6 de octubre una deuda de tres quincenas. 

De acuerdo con Adrianelly, habría al menos 90 personas en su misma situación, todos ellas de distintas entidades y la mayoría mujeres. 

La estabilidad en el empleo es un derecho laboral

La abogada laborista e integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos A.C. (ANAD), Edith Ramírez, explicó en entrevista que es ilegal que la obliguen a firmar un nuevo contrato porque eso significaría que renunciara a sus derechos ya adquiridos, que es la basificación. 

Las y los trabajadores, recordó la abogada, tienen el derecho a la estabilidad y seguridad en el empleo, reconocido en el artículo 123 de la Constitución, que significa que no los pueden mover de su puesto de trabajo si no existe una causa fuerte y grave que provoque el despido. Si bien en este caso no se está hablando de despido, sí de modificarle las condiciones de trabajo a través de regresar a un esquema de contratos temporales. 

“La DGB está flagrantemente violando las condiciones generales de trabajo y sobre todo el derecho de las y los trabajadores”, observó Ramírez. En su opinión, la retención de salario que ocurre en este caso también sería una violación a sus derechos laborales, toda vez que no existe una causa justificada para ello.

De acuerdo con la abogada, la DGB sólo está enunciando la falta presupuestal pero no la está probando, además de que en caso de que esto fuera cierto, corresponde a las autoridades hacer las gestiones necesarias para que las y los trabajadores cobren en tiempo y forma su salario. 

Ramírez, que funge como secretaria de Equidad y Género en la ANAD, explicó que en este caso se estarían violando doblemente los salarios, toda vez que dentro del sector magisterial la mayoría son mujeres, muchas de ellas que están al frente de los hogares. 

La abogada también recordó que en términos de los Derechos Humanos de las y los trabajadores debe considerarse el principio de progresividad, esto quiere decir que debe aplicarse la norma que más beneficie a las trabajadoras, de tal forma que si existe una norma inferior –por ejemplo aquellas que derivaron de la reforma educativa que impulsó el gobierno federal en 2015 y que representó modificaciones a los derechos laborales del magisterio– que atente contra los principios reconocidos en la Constitución,  la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado o la Ley Federal del Trabajo, es nula. 

Tomado de Cimac Noticias.