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México.- Con la triangulación de recursos para tratar de ocultar el origen del dinero, el gobierno de Samuel García Sepúlveda operó un esquema al que se puede denominar como “la estafa regia”, señaló el vice coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar.
El legislador recordó que, desde octubre del año pasado, advirtió públicamente que el gobernador de Nuevo León habría incurrido en esquemas de facturación falsa, que ahora fueron confirmados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el segundo informe de la revisión a la cuenta pública de 2025.
La denuncia penal presentada por la ASF ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos en la administración estatal durante el año pasado, obliga a esclarecer el destino de los recursos públicos y determinar las responsabilidades correspondientes, resaltó.
Recordó que, según el reporte de la ASF, se identificaron cuatro rutas de transferencias de recursos públicos a través de distintas empresas, mediante las cuales 928.13 millones de pesos habrían llegado a un despacho jurídico relacionado con el gobernador y su padre, que permitió comprar un rancho que tenía un valor de mil millones de pesos.
Ramírez Cuéllar consideró que la información no se reduce a una disputa política ni a un intercambio de acusaciones, porque “se trata de señalamientos de enorme gravedad sobre el posible uso del presupuesto público para favorecer intereses particulares”.
Este domingo, el legislador señaló que ahora corresponde a la FGR “investigar exhaustivamente la ruta del dinero, identificar a los beneficiarios finales, determinar la legalidad de las operaciones y, de acreditarse conductas delictivas, proceder contra todos los responsables, sin excepciones”.
Expuso que, en materia de combate a la corrupción, “la exigencia es clara: investigaciones rápidas, exhaustivas e independientes, sin encubrimientos ni privilegios para nadie. Ningún gobernador, legislador, funcionario público o empresario puede colocarse por encima de la ley. Los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía y deben destinarse al bienestar colectivo, no al enriquecimiento de particulares ni a la consolidación de redes de intereses políticos y económicos”.
Incluso refirió que el 29 de julio pasado presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para solicitar a la ASF una auditoría integral a los recursos federales transferidos y ejercidos por el gobierno de Nuevo León, particularmente los relacionados con contratos de prestación de servicios y ejecución de obra pública.
La solicitud fue aprobada por el pleno de la Comisión Permanente el 19 de agosto y Ramírez Cuéllar resaltó que la ASF atendió la exigencia de fiscalización y realizó su trabajo de revisión, y sus resultados derivaron en la presentación de una denuncia penal ante la FGR.
En ese sentido, planteó que investigar los hechos, seguir la ruta de los recursos y deslindar responsabilidades está en manos del ministerio público, y resaltó que los señalamientos sobre la probable triangulación de recursos públicos durante el gobierno de Samuel García exigen una explicación puntual y una investigación que llegue hasta sus últimas consecuencias.
Además recordó que el 30 de octubre presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 109 de la Constitución en materia de eliminación del fuero y fortalecimiento del juicio político, para que ningún funcionario o legislador se escude en la inmunidad constitucional para cometer delitos.
“México no puede permitir que el poder político se convierta en un refugio frente a la justicia. Combatir la facturación falsa, desarticular las redes de triangulación de recursos públicos y eliminar los privilegios que favorecen la impunidad son tareas indispensables para recuperar los recursos desviados y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones”, expuso.
Información tomada de La Jornada.