Los intentos de Sheinbaum de controlar la agenda de seguridad

- Las diferentes crisis de violencia que vive el país dejan ver un cambio en las dinámicas del Gobierno, con García Harfuch instalado en Sinaloa, a la espera de que las cifras muestren un cambio contundente.

El periodo de gracia del Gobierno de Claudia Sheinbaum frente a la inseguridad en México se agota poco a poco. Para ello, trata de mostrar avances, de vender algunos brotes verdes como grandes logros, convirtiendo al mensajero en mensaje. Es el papel ahora mismo de Omar García Harfuch, secretario de seguridad federal y coordinador de la estrategia en la materia, garante, a ojos de su jefa, de que el Ejecutivo enfrenta la situación con seriedad y diligencia. A la espera de cambios contundentes, Sheinbaum confía el presente al funcionario y a una variada gama de golpes de efecto, como grandes decomisos de droga, operativos contra la corrupción política y policial y riadas de detenciones.

La Navidad ha dado un respiro al Ejecutivo, no tanto por un armisticio pactado desde las trincheras de las guerras que asolan al país, sino por el cansancio instalado en la sociedad, de tantos años de violencia desatada. México aguarda un descenso significativo de la criminalidad después de casi dos décadas, piedra de toque para Sheinbaum, cuyo gobierno cumple tres meses el 1 de enero. Todo éxito o fracaso de su administración pasa necesariamente por atajar este problema.

La situación es crítica en varios de los 31 estados del país. En Guerrero, Morelos, Guanajuato, Baja California o Sinaloa, la violencia homicida está por las nubes. Eso en un país que este año contará de nuevo más de 30.000 asesinatos, situación que se repite desde 2017. La extorsión, un crimen que rara vez se denuncia, no da tregua. El Gobierno reconoció antes de Navidad que las investigaciones abiertas por este delito aumentaron un 15% en el último año. La capacidad de fuego creciente de la delincuencia, dedicada a múltiples actividades más allá del narcotráfico, reta a las diferentes esferas del Estado, acostumbrado a un esquema de laissez faire, en el mejor de los casos, con diferentes graduaciones.

En medio de todo eso, la presidenta ha enviado a García Harfuch a Sinaloa, donde vive desde hace semanas. En el lugar en que antes había una funcionaria sobria, de perfil bajo, como Rosa Icela Rodríguez, que en esta administración ha cambiado la cartera de Seguridad por la de Gobernación, ahora hay un popular policía de carrera, con varios tiros en el cuerpo, que se mueve mejor en el terreno que en los despachos. Los buenos resultados contra la delincuencia en Ciudad de México durante el sexenio pasado, con Sheinbaum y García Harfuch al frente, avalan de momento al funcionario.

La mandataria manda un mensaje doble con la presencia de Harfuch en Sinaloa, donde distintas facciones del cartel que toma el nombre del Estado, batallan desde septiembre, sin tregua, por el control de la economía criminal. Con Harfuch en Sinaloa, Sheinbaum muestra a la sociedad que la batalla contra el crimen y los generadores de violencia, expresión preferida en Palacio Nacional, va en serio, que no hay pactos, treguas, ni negociaciones, aspecto en que ella misma ha insistido varias veces en sus conferencias de prensa. Por otro lado, la presidenta enseña al Gobierno de EE UU, ahora con Joe Biden, pero sobre todo al futuro inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, que jura el cargo en unas semanas, que la pelea contra el Cartel de Sinaloa, gran enemigo de la administración vecina, es una prioridad.

Los movimientos de uno y otro en Sinaloa estas semanas dibujan bien la estrategia del Gobierno. Casi cada día, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuando no el mismo Harfuch en sus redes sociales, informa de detenciones, decomisos y operativos varios. El día de Navidad, sin ir más lejos, la dependencia informaba de la detención de cuatro sujetos, presuntos integrantes de un grupo de criminales vinculado a Los Chapitos, una de las facciones en pugna del Cartel de Sinaloa. Junto a los detenidos, las autoridades se incautaron de “cuatro armas largas, una ametralladora Minimi y un aditamento lanza granadas”, señaló la secretaría.

Es el escenario, Sinaloa, de la apuesta narrativa del Gobierno. La misma Sheinbaum estuvo hace unos días en Mazatlán, en el sur del Estado, tratando de imponer un mensaje de esperanza, centrado en aspectos amables de su mandato, la construcción de un hospital, la optimización de miles de hectáreas de cultivos de regadío… Todo se mezcla, porque apenas dos semanas antes, Harfuch anunciaba el decomiso de fentanilo más grande de la historia, tonelada y media de pastillas, en Los Mochis, en el norte del Estado. Y, mientras tanto, detenciones, detenciones y más detenciones.

Enjambre

El Gobierno destaca esa palabra, detenciones, continuamente. Antes de Navidad, Harfuch, de paso por Ciudad de México, informaba en conferencia de prensa de que el Gobierno había realizado 6.745 desde el inicio de la administración, el 1 de octubre. Sin decirlo, el funcionario destacaba un aumento respecto a los años de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una manera sutil de diferenciarse. El problema es que, de momento, las capturas realizadas no parecen reflejarse en la estadística. En octubre y noviembre, México registró más de 2.500 asesinatos, un claro reflejo del periodo anterior.

Si los decomisos y detenciones en Sinaloa iluminan el rumbo y el relato del Gobierno, los operativos del Estado de México los completan. La entidad, la más poblada del país, ha sido escenario estos meses del denominado Operativo Enjambre, un supuesto gran golpe contra la corrupción política y policial en la entidad, en la que conviven cantidad de grupos criminales, algunos, incluso, con intereses en Ciudad de México, Guerrero, Morelos y otros Estados cercanos. Apoyado en militares, marinos y autoridades locales, el equipo de Harfuch ha detenido a jefes de policía de varios municipios, además de altos funcionarios.

El corredor que forman Morelos, Estado de México, Guerrero y Michoacán ejemplifica la dificultad para cambiar las cosas. En muchos municipios de esos estados, diferenciar al crimen del poder político es complicado. Los grupos delincuenciales ven en el control de presupuestos y jerarquías municipales una oportunidad de negocio, sin el riesgo y el gasto que conlleva el transporte y la producción de drogas. La pelea por estos rubros es brutal en muchas ocasiones. El asesinato en octubre del alcalde de Chilpancingo, en Guerrero, lo demuestra. El control y cobro de peajes en actividades económicas lícitas, caso de la enorme producción agrícola de Michoacán, completan la imagen.

Todavía anecdótico, centrado en un puñado de pueblos de un solo estado, el éxito de operativos como el Enjambre pasa por su extensión y profundidad. La corrupción del Estado de México ocurre en Michoacán, Guerrero, etcétera. En algunos casos, los mismos grupos criminales golpeados en territorio mexiquense trabajan también en regiones vecinas. Si Enjambre no trasciende fronteras, es difícil que el crimen resienta el golpe. Luego están los procesos penales. Muchas veces, operativos rutilantes se desinflan en los juzgados. El reto de Sheinbaum y Harfuch es que esto no ocurra y que la justicia, por fin, sea completa.

 

(Información de El País)