México.- Con 33 votos de Morena, PVEM, PT y MC a favor y 12 de PAN y PRI en contra, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de egresos para 2027, con un gasto neto total de 10 billones 636 mil millones de pesos, el cual prevé un recorte de 5 mil millones al Instituto Nacional Electoral (INE).
Esto mientras el Consejo General aún detalla la denuncia ante la Fiscalía General de la República por los señalamientos de corrupción durante la gestión de su expresidenta Guadalupe Taddei.
Dichos recursos que se recortarán al INE se destinarán al programa La Escuela es Nuestra (3 mil millones), Medio Ambiente (mil millones), Agencia Federal de Aviación Civil (700 millones) y Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (300 millones).
Además, derivado de un acuerdo entre el gobierno federal y el estado de Jalisco, el presupuesto considera una reasignación de 6 mil 500 millones de pesos de la Comisión Nacional del Agua para iniciar la construcción del nuevo Acueducto Calderón–San Gaspar y el Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara, con el fin de abastecer agua potable a la zona metropolitana de esa entidad.
La comisión dictaminadora declaró un receso y citó a continuar la reunión extraordinaria hoy para discutir 263 reservas en lo particular, con la intención de concluir el sábado y, en su caso, iniciar el debate en el pleno el próximo lunes.
Al comienzo de la discusión en lo general, el panista Diego Barroso cuestionó los alcances del presupuesto e introdujo al debate los señalamientos por corrupción contra Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE.
“Hoy Morena le dice a Andy ‘el presupuesto a tus pies, chamaquito’”, señaló, parafraseando lo dicho por el empresario Alfredo Hernández Casillas a un hijo de Taddei, al brindar con champaña en un hotel de lujo en París.
Los diputados albiazules Federico Döring y Noemí Luna calificaron de “migajeros” a los emecistas por avalar el Presupuesto 2027 a cambio de 6 mil 500 millones de pesos para agua potable en Jalisco.
Queja en proceso
La denuncia del INE contra la trama de corrupción de Guadalupe Taddei y sus allegados sigue en suspenso, porque el último borrador del documento ya es “ante quien resulte responsable” y los consejeros acordaron enlistar seis delitos que van desde tráfico de influencias hasta enriquecimiento ilícito.
El último borrador que circuló en el transcurso de las tres sesiones del Consejo General, que implicaron 11 horas, enlista “posibles conductas delictivas” que buscan que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue, pues pueden incurrir en uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, peculado, enriquecimiento ilícito y cohecho.
La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, insistió en que no buscan tipificar delitos ni acusar directamente a Taddei o a otra persona, pues esperan que sea la FGR la que determine.
“Nosotros no podemos tipificar delitos, no es nuestra función; lo que hacemos es presentar esta vista a la instancia correspondiente y a quien resulte responsable, por los hechos y causas que ellos sí pueden clasificar o determinar.
“El término correcto con el que podemos ponerlo sobre la mesa es hacia quien resulte responsable, sin tipificar, porque esa no es nuestra función”, aclaró.
Sin embargo, aunque el documento no señale directamente a la exconsejera presidenta, todas las acusaciones refieren a su administración y los contratos otorgados en ese periodo, al resaltar el favoritismo que explicó el Órgano Interno de Control en su comparecencia ante el Poder Legislativo, los avances de la Auditoría Superior de la Federación y, sobre todo, los videos en los que se le ve haciendo cuentas con Hernández Casillas.
El documento acusa “contubernio” y “acciones indebidas” desde el “abuso de poder” de la exconsejera presidenta para presuntamente “favorecer a particulares específicos”.
Las consejerías pidieron ajustes, entre ellos, que se especifique cada conducta que puede impactar en dichos delitos e insistir en que la FGR debe rastrear el origen de los videos, obtener las grabaciones originales y determinar el lugar y la fecha en que se hicieron, así como las condiciones en que se dieron esas reuniones y de dónde surgieron las filtraciones.
Por la mañana, el consejero Arturo Castillo precisó que, aunque primero se anunció que sería sólo una vista para que la FGR determinara si debía investigar, los equipos jurídicos concluyeron que sí tenían facultades para una denuncia formal.
Pese a que el compromiso era presentarla el miércoles, señaló que el retraso se originó desde la Dirección de Asuntos Jurídicos, a cargo de Anahí Silva, una de las principales funcionarias cuya permanencia está bajo revisión, pues fue colocada por Taddei de forma directa.
“Ya es un proyecto de denuncia, no una vista. Me parece que la Dirección Jurídica se tomó bastante tiempo en presentarnos la propuesta”, destacó.
Por la noche, al finalizar las sesiones, la consejera presidenta provisional agregó que el compromiso es que hoy se formalice la denuncia para que la FGR rastree a todos los presuntos implicados y deslinde responsabilidades.
“Llevamos en sesión todo el día y apenas estamos terminando; el equipo jurídico está trabajando, pero como estamos en este ánimo de que lo vamos a construir las 10 consejerías juntas, ha habido observaciones que se tienen que atender para que el documento quede validado por todos.
“El equipo jurídico ha estado avanzando con algunas observaciones. Estamos en el consenso de que sea lo más rápido posible; sé que se los dije desde el día uno que tuvimos este acuerdo, no es que no le estemos dando celeridad ni que no sea un punto importante”, puntualizó.
Se terminó el plazo
La exconsejera presidenta Guadalupe Taddei tiene que presentarse en el INE para hacer la entrega de los bienes a su cargo y ya rebasó el plazo previsto. A dos semanas de su salida, el órgano sigue sin poder tomar posesión de todo lo que tenía bajo su resguardo, pues el reglamento obliga a que la exfuncionaria acuda personalmente, pero nadie sabe su paradero.
Tras formalizar su renuncia como exconsejera presidenta el pasado 26 de octubre, corrieron los cinco días de plazo para que cumpliera con el proceso de entrega-recepción; sin embargo, el tiempo ya se duplicó y el Órgano Interno de Control responsable de este proceso no ha dado ningún detalle.
Información tomada de Milenio