Ciudad Juárez.— A más de tres años del incendio que cobró la vida de 40 personas migrantes y dejó otras 27 lesionadas en una estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), un juez federal ordenó cerrar el proceso penal contra su excomisionado, Francisco Garduño Yáñez, decisión que provocó inconformidad entre familiares de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La resolución fue emitida la noche del martes 13 de octubre por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, quien declaró extinguida la acción penal y decretó el sobreseimiento de la causa 237/2023, al considerar que el exfuncionario cumplió con los requisitos establecidos en enero de 2025 para obtener la suspensión condicional del procedimiento.
Entre las condiciones impuestas se encontraban el pago de indemnizaciones, una disculpa pública, la participación en cursos de derechos humanos y protección civil, así como otras medidas relacionadas con la seguridad de las instalaciones migratorias.
La determinación judicial pone fin al procedimiento contra Garduño por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, sin que se haya celebrado un juicio para establecer su responsabilidad penal por los hechos.
Sin embargo, la resolución todavía podrá ser impugnada.
Las familias cuestionan la reparación del daño
Durante la audiencia, que se prolongó por más de siete horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, sobrevivientes y familiares de las personas fallecidas manifestaron su desacuerdo con la decisión.
Algunos participantes señalaron que las medidas de reparación no se habían cumplido satisfactoriamente y cuestionaron que las indemnizaciones y disculpas fueran consideradas suficientes para concluir el procedimiento.
La Fiscalía General de la República sostuvo, por su parte, que el excomisionado había cumplido con las condiciones judiciales y no manifestó oposición al sobreseimiento.
Marcos Zavala, abogado que acompaña a víctimas a través de organizaciones defensoras de derechos humanos, anunció que presentarán un recurso de apelación para impugnar la resolución.
Una tragedia que continúa bajo cuestionamiento
El incendio ocurrió la noche del 27 de marzo de 2023, cuando personas migrantes permanecían encerradas en una estancia provisional del INM, cerca del puente internacional Lerdo.
El fuego se propagó mientras los detenidos permanecían dentro de las instalaciones, sin que se abrieran oportunamente las puertas que les habrían permitido escapar.
La tragedia dejó al descubierto graves deficiencias en los protocolos de seguridad, protección civil y atención a personas bajo custodia de las autoridades migratorias.
Para los familiares de las víctimas, la conclusión del procedimiento contra quien encabezaba el Instituto Nacional de Migración no representa el cierre de su exigencia de justicia.
Aunque el juez consideró satisfechas las condiciones legales para extinguir la acción penal, los representantes de los afectados sostienen que persisten cuestionamientos sobre la responsabilidad institucional y el alcance de la reparación del daño.
Con el anuncio de la apelación, el caso entra en una nueva etapa jurídica; mientras Francisco Garduño queda libre de este proceso penal, las familias buscarán que una instancia superior revise la legalidad de la decisión.
La muerte de los 40 migrantes permanece como uno de los episodios más graves relacionados con la custodia de personas extranjeras en instalaciones del Estado mexicano.