Ciudad Juárez.– A 14 meses del hallazgo del crematorio Plenitud, el reclamo de las familias afectadas mantiene abierta una de las mayores exigencias de esclarecimiento en Ciudad Juárez: conocer con precisión qué ocurrió, quiénes fueron responsables y por qué las autoridades encargadas de la supervisión no detectaron oportunamente las irregularidades.
Dora Delgado, vocera del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, acudió este miércoles ante el representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz, para entregar un posicionamiento en el que solicitó una disculpa pública y respuestas oficiales para las familias que, de acuerdo con el colectivo, podrían superar las mil 600 personas afectadas.
El reclamo surgió luego de declaraciones de Ortiz en las que se hizo referencia a la posibilidad de que algunas actuaciones gubernamentales pudieran corresponder a “errores de buena fe”. Delgado rechazó esa interpretación y sostuvo que, para las familias, hablar de buena fe resulta incompatible con las consecuencias que ha dejado el caso.
Más allá de la confrontación entre declaraciones, el colectivo colocó nuevamente el foco en la responsabilidad institucional y en la necesidad de transparentar la actuación de las dependencias encargadas de vigilar las condiciones sanitarias y el funcionamiento de establecimientos funerarios y crematorios.
Entre las principales demandas se encuentra la emisión de información oficial y actualizada para las familias sobre el proceso de identificación de los cuerpos localizados en el inmueble.
Según información atribuida a la Fiscalía y difundida el pasado 19 de agosto, hasta el 11 de agosto habían sido identificados 265 de los 386 cuerpos encontrados, mientras que 121 permanecían pendientes de identificación.
El colectivo también pidió revisar la actuación de la Secretaría de Salud y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) en materia de supervisión sanitaria, al considerar que las instituciones responsables de la vigilancia no deben quedar al margen de las investigaciones.
El caso Plenitud continúa así no sólo como una investigación relacionada con la identificación de restos humanos, sino como un cuestionamiento sobre los mecanismos de supervisión gubernamental y la respuesta que las autoridades han dado a las familias.
Para los deudos, el paso siguiente no consiste únicamente en conocer nombres y cifras; exigen información clara, responsabilidades determinadas y un trato institucional acorde con la dimensión del dolor que ha provocado el caso.
Mientras avanzan los procesos de identificación e investigación, las familias mantienen la presión para que las autoridades dejen atrás las declaraciones generales y presenten respuestas oficiales, verificables y dirigidas directamente a quienes siguen esperando certeza sobre el destino de sus seres queridos.