- Trabajadores cuestionan el perfil profesional del director, advierten posibles anomalías en nombramientos administrativos y solicitan una inspección sanitaria en quirófanos y farmacia
Ciudad Juárez.— Presuntas irregularidades administrativas, posibles conflictos de interés en la estructura directiva y deficiencias sanitarias encendieron las alertas entre trabajadores del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Ciudad Juárez, quienes solicitaron la intervención de las autoridades centrales para investigar las condiciones en las que opera el nosocomio.
Mediante una carta dirigida a medios de comunicación, empleados de la institución cuestionaron si Jesús Gilberto Santillán Hernández, actual director del hospital, cumple con los requisitos académicos y profesionales establecidos para desempeñar el cargo, por lo que exigieron una revisión formal de su nombramiento.
Los señalamientos también alcanzan a la Subdirección Médica, donde los denunciantes advierten sobre un posible conflicto de interés relacionado con la integración de la estructura administrativa y la asignación de responsabilidades dentro del hospital.
Sin embargo, una de las principales preocupaciones expuestas en el documento se relaciona con las condiciones sanitarias y operativas de áreas consideradas esenciales para la atención de los derechohabientes.
De acuerdo con los trabajadores, existirían deficiencias en quirófanos y posibles incumplimientos normativos en la farmacia, la cual, según la denuncia, presuntamente carecería de licencia sanitaria y de un responsable sanitario formalmente designado, situación que solicitan verificar a las autoridades competentes.
Los inconformes también demandaron revisar los contratos, las asignaciones y la incorporación de personal vinculado con servicios médicos subrogados, así como las actas de hechos y reportes institucionales relacionados con irregularidades previamente documentadas.
En su petición, solicitaron una inspección integral de las instalaciones, particularmente de las condiciones físicas, sanitarias y operativas, además de un pronunciamiento oficial de las autoridades centrales del ISSSTE para esclarecer los señalamientos y determinar posibles responsabilidades.
"Los recursos públicos deben administrarse con transparencia, los cargos institucionales deben ejercerse con responsabilidad y los medicamentos deben llegar oportunamente a quienes los necesitan", expresaron los trabajadores en el documento.
Denuncias surgen en medio de rezago quirúrgico
Los señalamientos se presentan en un contexto de dificultades operativas que enfrenta el ISSSTE, particularmente por el rezago de intervenciones quirúrgicas en especialidades relacionadas con hernias, vesícula, cataratas, próstata y rodilla.
El director general del Instituto, Martí Batres, reconoció la existencia de procedimientos pendientes y presentó un programa de 12 acciones que contempla, entre otras medidas, la rehabilitación de quirófanos, contratación de personal médico y adquisición de equipo especializado, con el propósito de avanzar en la atención del rezago durante los próximos 120 días.
Para los trabajadores denunciantes, las acciones anunciadas a nivel nacional deben acompañarse de mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas en las unidades hospitalarias, a fin de evitar que posibles omisiones administrativas terminen comprometiendo la calidad de los servicios médicos.
"No se puede permitir que los posibles conflictos de interés, las omisiones administrativas o la falta de supervisión institucional terminen afectando a los pacientes. La salud de los derechohabientes no debe pagar las consecuencias de una administración deficiente", advierte la carta.
Hasta el momento, los señalamientos contenidos en el documento constituyen denuncias que requieren verificación por parte de las autoridades correspondientes y no acreditan, por sí mismos, responsabilidades administrativas o sanitarias.
El caso coloca bajo escrutinio la administración del hospital del ISSSTE en Ciudad Juárez y abre interrogantes sobre los mecanismos de vigilancia interna, el cumplimiento de la normativa sanitaria y la capacidad institucional para garantizar atención médica segura y oportuna a sus derechohabientes.