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Desata polémica decoración navideña de 100 mil pesos en Seguridad Pública

Desata polémica decoración navideña de 100 mil pesos en Seguridad Pública

Ciudad Juárez.– Un servicio de decoración navideña contratado para las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), con un costo aproximado de 100 mil pesos, derivó en una controversia pública entre una emprendedora juarense y personal administrativo de la corporación, luego de que surgieran desacuerdos por el pago, la calidad de los trabajos y el retiro de materiales utilizados.

La polémica comenzó cuando Aime Tenorio, propietaria de un negocio dedicado a la decoración de eventos, difundió en redes sociales su inconformidad por el trato que aseguró haber recibido durante la instalación de seis árboles navideños en las instalaciones de Seguridad Pública.

De acuerdo con su testimonio, sostuvo diferencias con Cristina Pérez, identificada como administradora de la dependencia, después de que presuntamente se cuestionara la calidad de los materiales y el trabajo realizado.

La empresaria afirmó que, tras los desacuerdos, intentó retirar artículos de su propiedad, pero encontró resistencia de personal de la corporación, situación en la que, según su versión, intervinieron elementos policiales.

Tenorio consideró que el incidente pudo constituir un abuso de autoridad, debido a que los agentes presuntamente intentaron impedirle recuperar materiales de su negocio. Posteriormente, señaló que la administradora le aclaró que su instrucción había sido evitar el retiro de bienes pertenecientes a la Secretaría, no impedir que la proveedora recuperara sus pertenencias. 

Ante la difusión del conflicto, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, aseguró que la decoración no fue contratada institucionalmente por el Ayuntamiento ni por la dependencia.

El funcionario explicó que el acuerdo fue de carácter particular y que él tenía contemplado cubrir personalmente los gastos del proyecto, cuyo costo ascendía aproximadamente a 100 mil pesos.

“No existió un contrato porque fue un particular el tema, no es un contrato con el proveedor con el Municipio ni con la Secretaría”, declaró Muñoz Morales, quien reconoció que se había entregado un anticipo de 35 mil pesos.

El secretario sostuvo que el desacuerdo derivó de una situación administrativa entre la proveedora y personal de la corporación, y manifestó su intención de que las partes pudieran resolver sus diferencias. 

Sin embargo, la controversia adquirió una nueva dimensión después de que la emprendedora cuestionara públicamente las declaraciones del funcionario relacionadas con el financiamiento y la facturación de los trabajos.

Tenorio aseguró que su contador sostuvo conversaciones con personal administrativo de la SSPM para determinar los conceptos bajo los cuales podrían emitirse las facturas correspondientes.

Según la versión de la proveedora, durante esas conversaciones se mencionaron conceptos como uniformes y materia prima para oficina, pese a que los servicios prestados correspondían a decoración navideña.

La empresaria señaló que las facturas no habían sido emitidas porque el proyecto todavía no estaba liquidado, pero afirmó contar con conversaciones y testigos relacionados con dichas gestiones. 

Estos señalamientos abrieron interrogantes sobre la naturaleza del acuerdo, particularmente por tratarse de trabajos realizados dentro de instalaciones de una dependencia pública, aunque el secretario sostiene que la contratación y el pago eran de carácter personal.

Hasta el momento, no se ha acreditado públicamente que se hayan utilizado recursos municipales para cubrir los servicios ni que se hayan expedido facturas con conceptos distintos a los trabajos realizados.

Por su parte, el presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, planteó que cualquier posible irregularidad debe denunciarse ante las autoridades correspondientes para permitir su investigación y determinar responsabilidades. 

La controversia mantiene pendientes de aclaración aspectos como la existencia de acuerdos escritos o verbales, las condiciones de contratación, la procedencia del anticipo, el tratamiento fiscal del servicio y las circunstancias en que intervino personal policial durante el intento de retiro de los materiales.

Mientras la emprendedora sostiene que existieron irregularidades en el manejo de la relación comercial y en el trato recibido, el secretario de Seguridad Pública insiste en que se trató de un acuerdo particular, ajeno a las contrataciones oficiales del Municipio.

El caso continúa generando cuestionamientos públicos, principalmente sobre los procedimientos administrativos aplicables cuando se realizan trabajos particulares dentro de instalaciones gubernamentales y la necesidad de esclarecer las diferencias entre las partes involucradas.