- Gobierno estatal desconoce si habrá más detenciones
Ciudad Juárez.– El Gobierno del Estado de Chihuahua sostuvo que las investigaciones judiciales relacionadas con el caso del exfiscal estatal César Jáuregui Moreno deberán resolverse conforme a las pruebas presentadas ante los jueces, mientras que hasta el momento no se cuenta con información sobre posibles nuevas detenciones.
Durante una rueda de prensa en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz, representante de la Oficina de la Gubernatura, explicó que existen dos investigaciones, una de competencia estatal y otra federal, cuyos procedimientos se encuentran en el ámbito jurisdiccional.
El funcionario señaló que corresponderá a los órganos judiciales determinar, mediante la valoración de las pruebas, si existen responsabilidades penales o si los hechos investigados no constituyen delito.
Ortiz recordó que la gobernadora María Eugenia Campos Galván ya había fijado un posicionamiento sobre el caso y reiteró que los servidores públicos deben desempeñarse con honestidad y apego a la ley.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que las investigaciones deriven en nuevas órdenes de aprehensión, reconoció que no dispone de información al respecto.
Indicó que cualquier detalle adicional sobre las indagatorias deberá ser proporcionado por las instituciones responsables de la procuración de justicia.
El representante estatal también fue interrogado sobre los movimientos administrativos registrados en la estructura de seguridad y procuración de justicia.
En ese contexto, mencionó a Gilberto Loya como responsable del despacho de la Fiscalía, aunque señaló que los procedimientos de designación y ratificación correspondientes deberán atenderse conforme a las disposiciones legales y la intervención del Congreso del Estado.
Ortiz consideró que, mientras se desarrollan los procedimientos institucionales, la gobernadora puede evaluar los ajustes administrativos que estime pertinentes dentro de sus facultades.
Sin embargo, evitó establecer una relación directa entre los cambios de funcionarios y los procesos judiciales.
El caso continúa generando atención política y jurídica por la intervención de autoridades estatales y federales, mientras que las eventuales responsabilidades deberán definirse en las instancias judiciales correspondientes, bajo el principio de presunción de inocencia.