Ciudad Juárez.- El comercio ilegal dejó de ser un problema marginal para convertirse en un competidor directo de la industria formal mexicana.
Más de 63 mil millones de pesos son destinados cada año a la compra de productos pirata, mientras que sectores estratégicos enfrentan pérdidas fiscales, afectaciones reputacionales y una creciente presión sobre sus cadenas de suministro, alertaron la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
El impacto se extiende desde textiles, calzado y electrónicos hasta las industrias automotriz, farmacéutica, alimentaria, de bebidas y tabaco.
Para María de Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional de CANACINTRA, la expansión de estos mercados coloca a las empresas legales en una condición desigual frente a negocios que operan sin pagar impuestos, cumplir normas sanitarias o asumir los costos regulatorios de la economía formal.
Uno de cada cuatro cigarros ya es ilegal
La magnitud del problema queda reflejada en el mercado tabacalero.
El Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (CONAINTA) estima que 26% de los cigarros consumidos en México son ilegales, lo que representa más de 9 mil millones de unidades anuales.
Gastón Zambrano Margain, presidente de CONAINTA, estimó que este mercado provoca una evasión fiscal superior a 23 mil millones de pesos al año.
La diferencia de precios se ha convertido en uno de los principales motores del fenómeno.
Mientras una cajetilla legal puede rondar los 100 pesos, productos ilegales pueden venderse desde 20 pesos.
En el mercado formal, los impuestos representan cerca del 70% del precio final, condición que amplía la brecha frente al contrabando.
El fenómeno no sólo golpea al erario.
Francisco Rivas Rodríguez, director general del ONC, advirtió que la compra de mercancías ilegales se ha normalizado entre parte de los consumidores, fortaleciendo estructuras económicas que operan fuera de la regulación y debilitando simultáneamente el empleo formal.
Piratería ya alcanza medicamentos y grandes marcas
Otro de los focos de preocupación es el mercado farmacéutico.
Fernando Portugal, representante de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), advirtió que los medicamentos falsificados han ampliado sus canales de distribución y ya no se concentran exclusivamente en sectores de bajos ingresos.
La venta de productos falsificados también genera daños a la reputación de compañías internacionales. Heriberto Enríquez, director de Asuntos Públicos del Consejo de Empresas Globales, explicó que marcas reconocidas pueden sufrir afectaciones cuando mercancía apócrifa utiliza su nombre comercial sin cumplir estándares de fabricación, seguridad o calidad.
Para las empresas, el problema implica mayores gastos en vigilancia, protección de marca, seguridad logística y trazabilidad, al tiempo que enfrentan consumidores que pueden no distinguir entre un producto original y uno falsificado.
Seguridad logística, nuevo frente de la política industrial
CANACINTRA advirtió que el robo de mercancías, el contrabando y la falsificación ya deben ser considerados variables de política industrial.
Edgardo Flores Campbell, vicepresidente Nacional de Seguridad Logística y Prevención del Contrabando de la cámara, sostuvo que la seguridad de las cadenas de suministro impacta directamente en la competitividad, las decisiones de inversión y la generación de empleos.
Frente a este escenario, CANACINTRA y el ONC plantearon una estrategia sustentada en inteligencia compartida entre autoridades y empresas, trazabilidad tecnológica, estrategias diferenciadas por sector, fortalecimiento de la propiedad industrial y apoyo especializado para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Ambas instituciones formalizaron además un convenio de colaboración para desarrollar acciones en capacitación, propiedad industrial, prevención de falsificaciones y cultura de la legalidad.
La discusión empresarial comienza así a cambiar de enfoque; la piratería y el contrabando ya no sólo representan mercancía ilegal en las calles; representan miles de millones de pesos que abandonan la economía formal, impuestos que no llegan al Estado y mercados que compiten directamente contra empresas que sí cumplen con la ley.