Ciudad Juárez.— Nallely Elizabeth Briones Valenzuela, madre de la menor involucrada en una investigación por presuntos delitos sexuales, y la abogada Rebeca López, junto con el equipo jurídico que representa a la niña, rechazaron categóricamente los señalamientos formulados por familiares de Mario Gabriel P.P., quienes los responsabilizaron de una presunta campaña de hostigamiento, amenazas y exposición pública.
Mediante un escrito presentado en ejercicio de su derecho de réplica, la representación de la menor calificó dichas acusaciones como “absolutamente falsas e infundadas” y sostuvo que ninguna de sus actuaciones ha rebasado los límites establecidos por la legislación.
El pronunciamiento surge después de que familiares de Mario Gabriel P.P. difundieron una carta en la que denunciaron actos de intimidación, seguimiento y publicaciones en redes sociales que, aseguraron, han puesto en riesgo al señalado y a personas de su entorno.
En esa comunicación, difundida públicamente el 1 de octubre, la familia afirmó que se habían divulgado fotografías, domicilios y negocios vinculados con Mario Gabriel y responsabilizó particularmente a integrantes de la representación legal de la menor.
Los familiares también reclamaron respeto a la presunción de inocencia y pidieron que el conflicto sea resuelto en tribunales y no a través de la presión pública.
Briones Valenzuela y sus abogados negaron cualquier relación con esas acciones. “Nosotros no divulgamos ninguna imagen del indiciado, nosotros no revelamos ningún dato sensible y mucho menos hemos realizado ningún acto de intimidación o amenazas contra nadie”, sostuvieron en el documento.
Afirmaron que la información que posteriormente comenzó a circular en redes sociales fue resultado del seguimiento que distintos medios y ciudadanos dieron al caso después de que la madre decidió hacerlo público, por lo que deslindaron tanto a Briones como al equipo jurídico de publicaciones o acciones realizadas por terceros.
Una investigación abierta desde agosto
El centro de la controversia es una investigación iniciada ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) en Ciudad Juárez.
La dependencia es la instancia de la Fiscalía General del Estado encargada, entre otras materias, de investigar delitos sexuales como abuso sexual y violación.
De acuerdo con antecedentes publicados desde septiembre, la denuncia fue presentada el 4 de agosto de 2026 y la carpeta ha sido identificada públicamente como 37-2026-0021499, mientras que el escrito de réplica la refiere de manera abreviada como 21499/26.
Dos días después, el 6 de agosto, una autoridad judicial habría librado una orden de aprehensión contra Mario Gabriel P.P., según la versión proporcionada por los representantes de la menor y documentada por distintos medios locales.
La investigación contempla señalamientos por violación agravada y abuso sexual agravado en perjuicio de la hija biológica del investigado.
La representación jurídica ha sostenido públicamente que dentro del expediente existen valoraciones clínicas, médicas y psicológicas, además de otros datos integrados por el Ministerio Público.
La existencia y valoración jurídica definitiva de esos elementos corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a las autoridades judiciales que conozcan de la causa.
El equipo encabezado por Rebeca López sostiene además que existe una orden de aprehensión emitida por una jueza de control del Distrito Judicial Bravos y que diversos recursos de amparo han incidido en la posibilidad de ejecutarla.
Coberturas publicadas desde principios de septiembre documentaron que la representación de la menor habló entonces de al menos dos procedimientos de amparo relacionados con la captura y cuestionó que uno de ellos hubiera sido promovido el mismo día en que fue emitida la orden.
Los propios asesores reconocieron en aquella ocasión que sus sospechas sobre una eventual filtración de información no habían sido acreditadas.
El antecedente de la orden de cateo
El expediente alcanzó otro punto de atención pública durante la noche del 12 de septiembre, cuando la representación jurídica solicitó una orden de cateo para ingresar a un inmueble de la colonia Álamos de San Lorenzo, donde aseguraba contar con indicios de que se encontraba Mario Gabriel P.P.
La petición fue presentada alrededor de las 23:00 horas ante la jueza de control Denisse Jiménez, pero fue rechazada durante la mañana siguiente, de acuerdo con la información difundida entonces por la abogada Rebeca López.
La defensa de los intereses de la menor anunció posteriormente que recurriría esa decisión y que presentaría inconformidades ante instancias correspondientes.
Es importante precisar que los señalamientos formulados entonces respecto de posibles relaciones o irregularidades atribuibles a funcionarios judiciales corresponden exclusivamente a afirmaciones de la representación jurídica y no constituyen hechos establecidos mientras no exista una resolución de autoridad competente que así lo determine.
El caso ya había sido llevado públicamente ante los medios el 7 de septiembre, cuando Nallely Elizabeth Briones compareció acompañada por sus asesores Rebeca Amparo López Santana y Luis Darío Félix.
En esa ocasión sostuvo que buscaba exponer retrasos procesales y dificultades que, desde su perspectiva, estaban obstaculizando el avance de la investigación.
La madre manifestó también preocupación por la exposición pública del caso y pidió evitar que la menor fuera sometida reiteradamente a cuestionamientos relacionados con los hechos investigados.
Dos versiones enfrentadas
La controversia entró ahora en una nueva fase.
Por una parte, los familiares de Mario Gabriel P.P. aseguran que existe una campaña de persecución, exposición y hostigamiento en contra de él y de su entorno; por otra, la madre de la menor y sus asesores jurídicos niegan cualquier participación en amenazas, fotografías de domicilios, publicaciones intimidatorias o actos de seguimiento y sostienen que tales acusaciones deberán ser demostradas ante la autoridad.
En su réplica, Briones y el equipo jurídico afirmaron además que consideran que los familiares del investigado buscan trasladar el conflicto al terreno mediático, precisamente la conducta que la otra parte les atribuye. “Existe una denuncia formal, existe evidencia clínica, médica y psicológica, existe una carpeta de investigación ante la FEM, existe una orden de aprehensión debidamente emitida por una jueza de control”, señalaron, al insistir en que el proceso debe continuar por la vía institucional.
La legislación mexicana reconoce formalmente el derecho de réplica frente a información difundida por medios de comunicación cuando las personas involucradas consideran que existen datos inexactos o falsos que les generan un agravio. Este derecho se encuentra regulado por la ley reglamentaria del artículo 6 constitucional.
El expediente permanece dentro de un proceso judicial en desarrollo y las versiones enfrentadas deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes. Hasta que exista una sentencia firme, Mario Gabriel P.P. conserva constitucional y legalmente la presunción de inocencia, principio que también es reiterado por la Fiscalía General del Estado en sus comunicaciones relacionadas con personas investigadas o imputadas.
Al mismo tiempo, por tratarse de una víctima menor de edad, la cobertura del expediente obliga a preservar su identidad y evitar la difusión de información que pueda permitir su identificación o generar una nueva afectación.
En medio de la confrontación pública entre ambas partes, será el Ministerio Público y, posteriormente, los órganos jurisdiccionales quienes deberán determinar el alcance de los datos de prueba, resolver los recursos pendientes y establecer, mediante el debido proceso, las responsabilidades que legalmente correspondan.
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