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Trabajadores del Poder Judicial protestan contra nuevas evaluaciones; temen perder sus plazas

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Ciudad Juárez.– Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez manifestaron su inconformidad con el nuevo esquema de evaluaciones laborales, al considerar que podría poner en riesgo la estabilidad de sus empleos, la inamovilidad de sus plazas y los derechos adquiridos durante años de servicio.

Los inconformes aclararon que no rechazan la profesionalización ni las evaluaciones para mejorar la impartición de justicia, sino las consecuencias que podrían enfrentar quienes no obtengan una calificación superior a ocho. Señalaron que estos resultados podrían derivar en evaluaciones más estrictas, cambios de adscripción e incluso la separación de sus puestos.

Durante la manifestación, explicaron que el nuevo mecanismo contempla evaluaciones por parte del órgano de administración, los titulares de las áreas y sus propios compañeros, situación que, señalaron, podría dar lugar a calificaciones subjetivas.

Uno de los temores expresados es que los desacuerdos personales o laborales influyan en las calificaciones, pues una evaluación desfavorable podría impedir que un trabajador alcance el puntaje requerido para conservar su puesto.

También advirtieron que, incluso quienes aprueben las evaluaciones, podrían permanecer solamente dos años en su cargo antes de enfrentar un nuevo proceso, lo que consideran una amenaza a la estabilidad de las plazas obtenidas mediante años de preparación, estudio y experiencia.

Los trabajadores compararon su situación con los cambios que enfrentó el magisterio con la eliminación de la carrera magisterial y señalaron que ahora la carrera judicial también estaría en riesgo.

Además, aseguraron que las nuevas disposiciones contradicen los compromisos establecidos antes de aprobarse la reforma judicial, particularmente lo señalado en el artículo décimo transitorio, respecto a que se respetarían los derechos laborales adquiridos.

Los manifestantes solicitaron que su inconformidad sea difundida a nivel local y nacional, pues consideran que no cuentan con mecanismos suficientes para defender sus derechos frente a las nuevas evaluaciones.