El Cacahuate tiene muchos años viendo como el viejo y sabio refrán "candil de la calle, oscuridad de su casa" se aplica a varios personajes políticos, pero en la actualidad le parece haber sido confeccionado a la medida exacta de Claudia “La Cata” Espino, una figura que durante años se dio prolongados baños de pureza y honestidad mientras tejía en las sombras una intrincada red de complicidades. El Excélsior la exhibido, en un reportaje de primera plana, como su meteórico ascenso y su fachada de funcionaria intachable siempre contrastaron con los oscuros antecedentes que arrastraba desde su paso por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. El diario nacional que dirigió Julio Scherer García, recordó que su nombramiento nacional encendió las alarmas de la consejera Carla Humphrey, quien intentó frenar su llegada advirtiendo sobre las irregularidades presupuestales por 70 mil pesos que el propio Órgano Interno de Control chihuahuita le había detectado. Sin embargo, el verdadero pecado original de su gestión local fue el jugoso contrato de más de 30 millones de pesos por material electoral que le entregó en bandeja de plata al empresario José Alfredo Hernández Casillas, sembrando la semilla de una sociedad mercantil disfrazada de servicio público. Lejos de ser un premio al mérito institucional, la llegada de Espino a la Secretaría Ejecutiva del INE —el segundo cargo más poderoso del instituto, asumido formalmente el 1 de diciembre de 2024— todo indica fue el pago de una factura. Fue precisamente su contratista predilecto, Hernández Casillas, quien le abrió de par en par las puertas del árbitro electoral y la impulsó hasta la cúpula. Ya instalada en el poder, la abogada no perdió el tiempo y consolidó una red de operaciones coordinándose milimétricamente con Jesús Octavio García, exdirector de Administración, y José Alberto Pérez de Acha, exdirector de Informática. Juntos, orquestaron un esquema diseñado a la medida para favorecer los intereses del empresario, traicionando la imparcialidad del instituto y convirtiendo la asignación de contratos en un botín para los amigos. El cinismo de esta red de corrupción alcanzó su punto máximo con la operación de una sede alterna y clandestina, digna de cualquier mafia institucional. Lejos de los ventanales de transparencia que la exfuncionaria tanto pregonaba en sus discursos, Espino fue vista desfilando en reiteradas ocasiones por una casa ubicada en Picacho 259, en la exclusiva zona de Jardines del Pedregal. Este domicilio operaba como un "búnker" privado donde el contratista citaba a los altos mandos del INE para repartirse el pastel: ahí, entre cuatro paredes y de espaldas a la ciudadanía, se planeaban las licitaciones amañadas, se palomeaban las adjudicaciones directas y se acordaban los sobreprecios. Al final, el legado de Claudia Espino se reduce a un fraude moral; la historia de alguien que exigía limpieza en las instituciones, pero despachaba cómodamente desde los sótanos de la corrupción. Así, el Excélsior sigue incrementando el Cataclismo en la carrera e imagen pública de La Cata Espino.
EL CATACLISMO
