*EL CHANGO NUNCA SE VE SU COLA…*
Decían los abuelos que “el chango nunca se ve su cola, pero sí la del vecino”. Y vaya que el refranero popular encontró terreno fértil en la política chihuahuense. Morena salió a cuestionar las contradicciones del PAN y del gobierno de Maru Campos por el caso César Jáuregui, detenido por autoridades federales bajo una acusación de traición a la patria. El posicionamiento exige congruencia, explicaciones y responsabilidades. Hasta ahí, el reclamo tiene sustento político. Lo interesante comienza cuando se amplía el campo de visión y aparecen los expedientes que incomodan al partido gobernante. Porque una cosa es exigir rendición de cuentas a los adversarios y otra muy distinta aplicar el mismo criterio cuando los señalados comparten colores partidistas. La memoria política suele ser extraordinariamente selectiva. Mientras Morena reclama explicaciones por las decisiones de seguridad adoptadas en Chihuahua, permanece abierto el debate nacional sobre los señalamientos contra figuras de su propio movimiento. Ahí están los casos de Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, objeto de una acusación estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico; Américo Villarreal, de Tamaulipas, y Alfonso Durazo, de Sonora, mencionados en investigaciones periodísticas sobre presuntas conexiones con organizaciones criminales. Son expedientes de distinta naturaleza y alcance jurídico, cuyas acusaciones no equivalen por sí mismas a culpabilidad demostrada. Pero colocan sobre la mesa una pregunta incómoda; ¿la exigencia de transparencia tiene el mismo alcance cuando las sospechas apuntan hacia Palacio de Gobierno en Chihuahua que cuando alcanzan a administraciones emanadas de Morena?, El asunto adquiere otra dimensión cuando se examina la naturaleza de las acusaciones. En Chihuahua, el expediente Jáuregui gira alrededor de la presunta participación irregular de agentes estadounidenses en operaciones de seguridad; en los casos de gobernantes morenistas, los señalamientos publicados apuntan hacia posibles relaciones entre estructuras políticas y organizaciones del narcotráfico. Son controversias jurídicamente diferentes, pero políticamente conectadas por un elemento común; la obligación de explicar cómo se ejerce el poder, quién autoriza determinadas decisiones y hasta dónde llega la responsabilidad de los superiores jerárquicos. Ni el PAN puede convertir la lealtad política en escudo judicial, ni Morena puede utilizar la justicia como argumento público únicamente cuando el expediente pertenece al adversario. La presunción de inocencia y la obligación de investigar deben prevalecer en ambos escenarios. La disputa apenas comienza a exhibir sus consecuencias. Morena busca colocar al gobierno de Maru Campos frente a sus propias contradicciones, mientras el PAN enfrenta el desafío de explicar las decisiones tomadas durante la gestión de uno de sus principales colaboradores. Pero, conforme avance la discusión, los expedientes nacionales podrían regresar al centro del debate y obligar a ambas fuerzas a responder bajo el mismo estándar. Porque en política, como advertían los abuelos, resulta muy fácil descubrirle la cola al chango de enfrente. Lo verdaderamente complicado comienza cuando alguien decide poner un espejo en medio.