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Chihuahua.- En una declaración que encendió las alarmas sobre la autonomía financiera de los estados, el Auditor Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix, advirtió que la reciente resolución de un Tribunal Colegiado respecto al caso del exgobernador Javier Corral "borró una historia de 20 años" en la forma en que se auditan los recursos públicos en México.
El pronunciamiento surge tras la decisión judicial de que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las investigaciones que anteriormente cursaban en la Fiscalía Anticorrupción y la propia Auditoría local.
El fondo del conflicto no es solo la competencia penal, sino un precedente legal que podría dejar a las autoridades estatales sin facultades para revisar el uso de las participaciones federales.
Según explicó el titular de la ASE ante la Comisión de Fiscalización, el Tribunal Colegiado no se limitó a otorgar la facultad de atracción a la FGR por una cuestión de jerarquía, sino que analizó la naturaleza jurídica de los recursos.
Al determinar que las participaciones federales no pierden su esencia federal, el tribunal basó su resolución en una interpretación del Artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual señala que las sanciones por el mal uso de estos fondos competen exclusivamente a autoridades federales.
"Esto implica que podría quedar sin auditarse el 75% del presupuesto estatal en Chihuahua, mientras que en otros estados que dependen en más de un 90% de participaciones federales, las autoridades locales estarían en entredicho sobre si tienen o no atribuciones para auditar casi la totalidad de su gasto", alertó el Auditor.
Héctor Acosta Félix, señaló un error técnico en la resolución del juzgador que complica el panorama jurídico para el año 2026, ya que el juzgador utilizó el Artículo 49 (Capítulo V) de la ley, que regula las Aportaciones Federales (fondos etiquetados).
“Pero las Participaciones Federales se rigen por el Capítulo I, y durante dos décadas se ha entendido que, una vez que ingresan a las arcas estatales, forman parte del patrimonio local sujeto a fiscalización estatal”.
La preocupación central radica en que, aunque la ley estatal faculte a la ASE, cualquier defensa legal de exfuncionarios o servidores públicos bajo investigación podrá citar este precedente para anular juicios.
"La Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando detecta una irregularidad en participaciones, la remite a las autoridades locales. Con esta resolución, ese camino se bloquea", enfatizó.
Ante este escenario, el Auditor Superior solicitó una reunión urgente con los legisladores para definir la estrategia de cara al programa de auditorías de 2026, decidir si se defenderán las atribuciones estatales en tribunales o si se acatará un criterio que, a su juicio, desmantela el sistema de rendición de cuentas en el país.