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Chihuahua.- El secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, defendió el alcance político e institucional de la reunión sostenida en Ciudad de México entre la gobernadora Maru Campos y la fiscal general de la República, Alejandra Godoy, al subrayar que se trató de un encuentro de seguimiento técnico y no de una negociación política.
De la Peña explicó que la visita se enmarca en los acuerdos de la Mesa de Seguridad y tuvo como eje central el intercambio de información y la evaluación de resultados del trabajo coordinado entre autoridades estatales y federales. Según detalló, la gobernadora presentó a la titular de la FGR los avances derivados de la cooperación interinstitucional, particularmente en materia de inteligencia, investigación y procuración de justicia.
Uno de los puntos relevantes del encuentro, afirmó, fue la revisión del compromiso asumido entre la presidenta de la República y la gobernadora de Chihuahua para mantener la seguridad fuera de la disputa política. En ese sentido, sostuvo que ambas partes coincidieron en privilegiar criterios técnicos y operativos por encima de lecturas partidistas.
El funcionario señaló además que se discutió la necesidad de fortalecer acciones específicas en las que la Fiscalía General de la República tiene un papel clave, como la apertura de carpetas de investigación relacionadas con objetivos definidos de manera conjunta por las instituciones que integran la Mesa de Seguridad.
Para De la Peña, la reunión fue “provechosa” porque consolida la cooperación al más alto nivel con una instancia federal que consideró pilar del sistema de justicia en el país. Añadió que, de mantenerse este esquema de colaboración, los indicadores positivos en materia de seguridad registrados en semanas recientes podrían no sólo sostenerse, sino
incrementarse.
La lectura del Gobierno estatal es clara: la seguridad se construye desde la coordinación y la información compartida, no desde la confrontación política. En ese marco, la visita a la capital del país busca proyectar continuidad y corresponsabilidad institucional frente a un tema que sigue siendo uno de los principales desafíos públicos en Chihuahua.
El pago del predial no tiene que ser un show mediático: De la Peña
El secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, marcó distancia frente a la confrontación pública entre el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, por el pago del impuesto predial de diversos inmuebles, al advertir que el tema ha sido llevado al terreno del espectáculo mediático en lugar de resolverse por la vía institucional.
“El pago del predial no tiene que ser un show mediático”, afirmó el funcionario, al subrayar que el municipio cuenta con facultades legales y acciones claramente establecidas para ejercer el cobro de este impuesto, sin necesidad de convertir el procedimiento fiscal en un conflicto público.
De la Peña sostuvo que existen mecanismos administrativos y jurídicos suficientes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y que la exposición mediática del caso no abona ni a la recaudación ni a la certeza jurídica, sino que desvirtúa un asunto que debería atenderse con criterios técnicos.
Sobre los señalamientos específicos que involucran a la dirigencia estatal del PAN, el secretario optó por la cautela. “La verdad es que no tengo información precisa, no me atrevería a dar una opinión”, dijo, al considerar que pronunciarse sin datos claros sólo contribuiría a alimentar una controversia ajena al ámbito del Gobierno estatal.
La posición de la Secretaría General de Gobierno busca deslindar la gestión fiscal de la disputa partidista. El mensaje implícito es que los impuestos se cobran con base en la ley y los procedimientos institucionales, no mediante la presión mediática ni la confrontación política.
Rechaza De la Peña señalamientos sobre control de penales
El secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, rechazó las afirmaciones de la activista Saskia Niño de Rivera en el sentido de que el Gobierno del Estado deba “atender” sus centros penitenciarios, al sostener que Chihuahua mantiene el control operativo y administrativo de estas instalaciones.
De la Peña cuestionó el sustento de dichas declaraciones y puso en duda la información en la que se basan. “No sé con qué información emita ella esa opinión. La verdad es que, como dice un clásico ya de la política mexicana, yo tengo otros datos”, expresó.
El funcionario argumentó que las acciones recientes en materia penitenciaria desmienten cualquier señalamiento de ingobernabilidad. Señaló que el traslado de personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad sólo es posible cuando existe control total de los centros. “No se podría avanzar en el traslado de reos de alta peligrosidad si no se tuviera el control total de estas instalaciones”, afirmó.
Aunque dijo desconocer el contexto y el origen exacto de la expresión atribuida a la activista, De la Peña fue enfático en que el Estado conserva la conducción plena del sistema penitenciario. “El Gobierno del Estado tiene, por supuesto, el control y la conducción de estos centros penitenciarios”, sostuvo.
En su postura, el control penitenciario no se acredita con discursos, sino con hechos operativos que, aseguró, hoy están en marcha en Chihuahua.