Chihuahua.- Desde el Centro Federal de Readaptación Social El Altiplano, el exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, defendió la legalidad de su actuación ante el juez de control Luis Alberto Simental Ortega y rechazó las imputaciones formuladas en su contra.
Durante su intervención por vía remota, Jáuregui Moreno expuso las dificultades técnicas para imponerse de la totalidad de la causa penal debido al volumen del expediente. Sin embargo, enfatizó que, dentro de las investigaciones presentadas por la Fiscalía, no existen elementos que demuestren que actuó al margen de la ley.
“No hay datos sobre un comportamiento ilícito de mi parte. No existe una orden, ni documento, ni prueba directa donde se demuestre que solicité o autoricé la intervención clandestina de elementos extranjeros en ningún operativo”, manifestó el ex titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Jáuregui Moreno sostuvo que la interacción con mandos y personal de las distintas unidades formaba parte del ejercicio ordinario de sus funciones al frente de la Fiscalía. Asimismo, defendió que la recepción de informes y las reuniones institucionales no pueden interpretarse de manera maliciosa como parte de la planeación de actos ilegales.
El exfuncionario concluyó su intervención solicitando al juzgador que valorara la falta de sustento de las acusaciones presentadas por la representación social y reiteró que su desempeño se apegó al marco constitucional y a las facultades que le confería su cargo.
Pide defensa de Jáuregui que no sea vinculado a proceso
La defensa legal del exfiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, solicitó formalmente la no vinculación a proceso de su representado, al argumentar incompetencia institucional, falta de elementos probatorios directos e inferencias infundadas por parte del Ministerio Público sobre la supuesta autorización de un operativo ilegal con participación extranjera.
Durante la audiencia, la representación legal expuso que la Fiscalía General del Estado (FGE) carecía de competencia para llevar a cabo la investigación que derivó en la causa penal. Precisó que, al existir una norma específica y tratarse de un asunto del fuero especializado, la facultad correspondía exclusivamente a la Fiscalía Anticorrupción, por lo que, a su juicio, las actuaciones de la unidad creada para tal efecto serían inválidas.
Exhibe defensa premisas sin sustento probatorio y contradicciones en IPH
En el análisis de las imputaciones, los abogados de César Jáuregui enfatizaron que el Ministerio Público incurrió en un salto lógico al pretender vincular tres proposiciones distintas: la existencia de reuniones de trabajo, el conocimiento de un operativo y la supuesta autorización para la intervención de agentes extranjeros.
“El conocer la existencia de un operativo de ninguna manera demuestra automáticamente las dos restantes”, sostuvo la defensa, al señalar que la Fiscalía busca suplir la falta de una orden escrita o prueba directa basándose únicamente en el cargo que ocupaba Jáuregui Moreno como titular de la institución.
Asimismo, la defensa argumentó que el propio Informe Policial Homologado (IPH), elaborado por agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) el 20 de abril de 2026, respecto a los hechos ocurridos el 18 de abril, consigna que los dos ciudadanos estadounidenses fallecidos realizaban labores relacionadas con la operación de drones. Recalcó que dicha circunstancia le fue informada formalmente al entonces fiscal por sus subordinados, lo que, a juicio de los abogados, descartaría que se tratara de una acción clandestina ideada por el exfuncionario.
Sobre el señalamiento de que Jáuregui Moreno no tenía facultades para desarticular un laboratorio de drogas sintéticas, la defensa subrayó que dicho aspecto ni siquiera formaba parte de la formulación de imputación original.
De igual forma, los abogados recordaron las declaraciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina de este jueves 22 de octubre, en la que aclaró que el proceso contra el exfiscal responde a la presunta intervención de extranjeros y no a actos vinculados con narcolaboratorios.
Finalmente, la defensa insistió en que el estándar mínimo para dictar un auto de vinculación a proceso exige datos de prueba razonables y fiables, los cuales, sostuvo, no pueden sustentarse en “conjeturas ni estructuras subjetivas”.