Chihuahua.- José Ángel Portillo, adulto mayor de 66 años originario de Meoqui, denunció que durante cinco años una persona cercana habría cobrado de manera indebida los apoyos de los programas sociales que le corresponden por discapacidad y por ser adulto mayor.
De acuerdo con la información proporcionada por la asociación civil Los de Abajo Organizados, una mujer identificada como Erika Castillo Sánchez habría tramitado a nombre de José Ángel una tarjeta del Banco del Bienestar en 2021, mediante la cual presuntamente recibió los recursos destinados al beneficiario.
José Ángel, quien padece sordera, tenía derecho al apoyo bimestral para personas con discapacidad. Posteriormente, al cumplir 65 años, fue incorporado a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, beneficio que tampoco habría recibido.
La organización señaló que durante meses realizó diversas gestiones ante oficinas locales de Bienestar para resolver la situación, pero al no obtener una respuesta efectiva, integrantes de la asociación acudieron directamente a la Ciudad de México.
El pasado 6 de agosto, tras acudir a la oficina de Atención Ciudadana de Palacio Nacional, José Ángel recibió una nueva tarjeta correspondiente al programa de adultos mayores, así como un pago retroactivo de los últimos tres bimestres.
Sin embargo, la asociación advirtió que la nueva tarjeta todavía aparece registrada a nombre de la persona que originalmente habría realizado el trámite, por lo que existe preocupación de que los recursos puedan volver a ser retirados por terceros.
Rosa Lilia Cardona Muñoz, presidenta de Los de Abajo Organizados, hizo un llamado a la Delegación de Bienestar para corregir de manera urgente el registro administrativo y garantizar que los recursos lleguen directamente al beneficiario.
La representante de la organización consideró que el caso podría no ser aislado y pidió establecer mecanismos más eficaces para la cancelación, reposición y verificación de cuentas de los programas sociales, con el objetivo de evitar que personas ajenas a los beneficiarios tengan acceso a recursos públicos destinados a sectores vulnerables.