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Chihuahua.- El auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, alertó que una resolución de un Tribunal Colegiado sobre la naturaleza de las participaciones federales no solo pone en riesgo investigaciones relacionadas con el exgobernador Javier Corral Jurado, sino que también podría dejar sin efecto los procedimientos locales contra el exmandatario César Duarte Jáquez y sus excolaboradores.
Acosta Félix explicó que el criterio adoptado por el tribunal sostiene de manera errónea que las participaciones federales nunca pierden su carácter federal, lo que permitiría a la Fiscalía General de la República atraer carpetas de investigación que actualmente son competencia de las autoridades estatales.
“Con esta resolución se disloca todo el sistema de competencias que durante años ha existido entre la Auditoría Superior de la Federación y las auditorías estatales”, sostuvo.
El auditor señaló que el fallo se sustenta indebidamente en disposiciones aplicables a las aportaciones federales, cuando las participaciones federales se encuentran reguladas en un capítulo distinto de la ley, y han sido históricamente fiscalizadas por las instancias locales.
Advirtió que la consecuencia más grave de esta interpretación es su impacto directo en los casos de la llamada Justicia para Chihuahua, impulsados durante la administración de Javier Corral y relacionados, en su mayoría, con el uso de participaciones federales.
“Con esta resolución, pareciera que los tribunales locales ya no podrían sancionar a los excolaboradores del exgobernador César Duarte, e incluso al propio exgobernador, porque se estaría negando la competencia de las autoridades estatales para auditar esos recursos”, afirmó.
Acosta Félix consideró que el criterio judicial termina beneficiando de manera indirecta a quienes fueron investigados por desvío de recursos públicos. “Por querer favorecer exclusivamente a una persona que promovió este tema, se está poniendo en riesgo todo el andamiaje legal de la llamada Justicia para Chihuahua”, subrayó.
Agregó que el problema no se limita a la entidad, ya que en estados donde hasta el 98% del presupuesto proviene de participaciones federales, las auditorías estatales quedarían prácticamente imposibilitadas para ejercer sus funciones. “Es una decisión que parece sencilla, pero trastoca el sistema de competencias a nivel nacional”, concluyó.
Registra cuenta pública 2024 cifra histórica de observaciones y posibles denuncias penales
El auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, informó que la cuenta pública 2024 es la que mayor número de observaciones ha registrado en la historia reciente de Chihuahua, con cerca de 2 mil 600 señalamientos que podrían derivar en responsabilidades administrativas no graves, graves e incluso denuncias penales.
Detalló que, pese a tratarse de un periodo marcado por el proceso de reelección del titular de la Auditoría, no se redujo el ritmo de trabajo ni la profundidad de las revisiones. “Es el año con más observaciones que hemos registrado y todas van a generar consecuencias”, afirmó.
Acosta Félix explicó que entre las irregularidades detectadas destacan nuevamente casos en municipios que contrataron créditos sin contar con la autorización del Congreso del Estado. “Lamentablemente volvimos a encontrar créditos solicitados sin autorización legislativa; hay dos casos en específico”, señaló.
Indicó que la revisión no se limitó al actuar de los entes públicos, sino que se amplió al papel de los actores privados que contratan con los gobiernos, particularmente empresas participantes en procesos de licitación.
“Revisamos la documentación que presentan los contratistas al participar en procedimientos de contratación pública y localizamos más de 40 casos de representantes legales que entregaron información falsa o documentos apócrifos”, expuso.
Precisó que se trata de documentos alterados o falsificados, incluidos documentos oficiales, utilizados para cumplir con los requisitos de las licitaciones. En estos casos, dijo, se iniciarán procedimientos legales contra particulares conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El auditor subrayó que estos hallazgos confirman que las irregularidades en el ejercicio de recursos públicos no solo involucran a servidores públicos, sino también a empresas privadas que buscan beneficiarse de contratos gubernamentales mediante prácticas ilegales.