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Chihuahua.– Representantes del Colectivo Nacional Mujeres por la Igualdad, Colectivo Soy Papá No Criminal y Madres Protectoras No Gestantes acudieron a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado para presentar formalmente una solicitud de juicio político en contra de la diputada de Morena, Leticia Ortega Maynez, a quien acusaron de incurrir en violencia de género.
La petición deriva de hechos ocurridos durante una rueda de prensa en la que los colectivos daban a conocer su postura y trabajo social. De acuerdo con los denunciantes, la legisladora acudió acompañada de una representante de un grupo de personas trans y, durante el encuentro, realizó expresiones que, a su consideración, fueron discriminatorias, incitaron al odio y menospreciaron la labor que realizan en defensa de cerca de 50 padres de familia y sus derechos.
Obed Torres Ochoa, representante en Chihuahua del Colectivo Nacional Mujeres por la Igualdad, señaló que la diputada Ortega Maynez “solo protege a las mujeres que le conviene proteger”, además de considerar que su intervención fue agresiva y sin disposición al diálogo o a escuchar sus planteamientos.
Explicó que Madres Protectoras No Gestantes surgió en Chihuahua para cubrir, según su perspectiva, un vacío institucional, debido a que no existe un organismo público o privado que proteja por igual a hombres y mujeres en la defensa de niñas, niños y adolescentes. Señaló que la mayoría de las personas que acuden a esta organización son padres que han sido separados de sus hijos o cuyo derecho de convivencia no es respetado.
Torres Ochoa también cuestionó la forma en que se tipificó el delito de Violencia Vicaria, al considerar que la legislación establece como violencia el uso de los hijos para dañar a una mujer, pero no contempla de la misma manera los casos en los que la afectación ocurre en sentido contrario.
“¿Acaso los hijos no son víctimas igual en ambos casos?”, cuestionó.
Advirtió además sobre lo que consideró un efecto grave de la legislación, al señalar que si un padre tiene la guardia y custodia y es denunciado por este delito, puede perderla, incluso si posteriormente es declarado inocente. Afirmó que la reforma no contempla mecanismos para restituir la situación jurídica que tenía previamente, lo que, desde su perspectiva, puede dejar a familias en una situación de desprotección.
Por su parte, el abogado de las asociaciones, Alan Castellano Chávez, explicó que las gestiones buscan promover la igualdad y el respeto a distintos sectores considerados vulnerables.
“Trabajamos por el reconocimiento de figuras como las madres protectoras no gestantes, mujeres que biológicamente tienen características masculinas, pero jurídica y legalmente son mujeres, y merecen protección y respeto igual que cualquier otra persona”, expresó.
Los representantes de los colectivos señalaron que esperan que el Congreso del Estado dé trámite a la solicitud de juicio político y que, además, se revisen las normas relacionadas con estos casos, con el objetivo de que la aplicación de la justicia, afirmaron, no genere exclusiones por razón de género.