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Cae Ernesto Ruffo por huachicol fiscal; oposición acusa selectividad de FGR

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Cae Ernesto Ruffo por huachicol fiscal; oposición acusa selectividad de FGR


Ciudad de México.- En un golpe que sacude el escenario político nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Baja California y emblemático político del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Ruffo Appel.

El arresto, efectuado ayer 16 de julio en el municipio de Ensenada, vincula al exmandatario con una de las redes más complejas de delincuencia organizada y "huachicol fiscal" detectadas en los últimos años.

Junto a Ruffo Appel fue detenido su socio, Ricardo Thompson Navarro, identificado como parte de la estructura operativa de Ingemar, empresa aduanera y de logística fundada por el exgobernador. De acuerdo con las indagatorias federales, el daño acumulado al erario público supera los 4,000 millones de pesos.

Las investigaciones ministeriales apuntan a que, mediante la empresa del exgobernador, se introducían masivamente al país cargamentos de combustible adquiridos legalmente en los Estados Unidos. Sin embargo, la red alteraba la documentación oficial en los cruces fronterizos para reportar los hidrocarburos bajo clasificaciones falsas como aceites quemados, aditivos o alcohol, o bien reportando tan solo una fracción de su volumen real para eludir las tasas impositivas correspondientes.

Tras su detención en Baja California, Ruffo Appel fue trasladado bajo un estricto esquema de seguridad a la Ciudad de México y recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde comparecerá ante el juez de control federal para el inicio de su proceso penal.

Mantiene Morena manto de impunidad sobre perfiles de la 4a Transformación

El arresto del primer gobernador de oposición en la historia moderna de México ha reavivado severos cuestionamientos sobre el uso selectivo de la justicia penal en el país. Mientras que la dirigencia de Acción Nacional y diversos sectores aliados han salido en defensa del político bajacaliforniano señalando motivaciones de carácter electoral y político, la opinión pública destaca una marcada asimetría en la actuación del gobierno federal.

Por un lado, la FGR muestra total celeridad cuando se trata de capturar a liderazgos y actores de los partidos de oposición. Por el otro, las denuncias que pesan sobre figuras del partido oficialista, Morena, permanecen estancadas. Señalamientos públicos que involucran a familiares directos de la cúpula del poder (como a uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador), no han derivado en una sola orden de aprehensión, captura o investigación profunda en territorio nacional, manteniendo un manto de impunidad sobre los perfiles de la llamada Cuarta Transformación.

En el marco del escándalo global del contrabando de combustibles, las únicas excepciones del entorno oficialista han sido forzadas desde el exterior. Tal es el caso de mandos de la Secretaría de Marina de la pasada administración, como el contralmirante Fernando Farías Laguna, cuya detención se dio en Argentina mediante la intervención de una ficha roja de Interpol, y sobre quien pesa una solicitud de extradición sin que las autoridades locales hayan encabezado el desmantelamiento de sus redes desde un inicio.

El trasfondo del huachicol fiscal en México arrastra una estela de violencia e intimidación que la autoridad federal prefiere omitir en sus comunicados de prensa. Diversas fuentes periodísticas e independientes han remarcado que las voces civiles y empresariales que se atrevieron a denunciar los desfalcos más multimillonarios y las redes criminales dentro de las aduanas terminaron siendo cobardemente silenciadas o asesinadas.

A pesar de la gravedad de estos crímenes dirigidos a quienes exponen la corrupción sistémica en las fronteras, la Fiscalía y el Gobierno Federal guardan un silencio absoluto, evitando conectar los homicidios de los denunciantes con las estructuras de protección que operan en las aduanas del país, limitándose a presentar detenciones de alto impacto mediático en contra de la oposición.