Un juez ha cambiado este viernes la prisión domiciliaria impuesta al exprocurador federal, Jesús Murillo Karam, por el grillete electrónico y una restricción de movilidad, según han recogido los medios mexicanos. En dos procesos distintos, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Murillo Karam de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia, relacionados con el caso Ayotzinapa, la desaparición en 2014 de 43 estudiantes rurales en un municipio de Guerrero. El procurador durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se encuentra en prisión domiciliaria desde hace dos años, aquejado de una enfermedad pulmonar, entre otros padecimientos, que lo llevaron a pasar parte del tiempo de las indagaciones en un hospital al sur de Ciudad de México.
El priista fue encarcelado en 2022 tras las acusaciones de la FGR. Su defensa logró la prisión domiciliaria en uno de los procesos por los que es investigado en noviembre de 2023. Meses después, un tribunal otorgó la medida para el segundo proceso. Esa salida de prisión supuso más bien una formalidad, debido a que por los problemas de salud Murillo Karam iba de manera constante a recibir atención médica al sur de la capital. En abril de este año, recibió cuidados intensivos en un hospital privado del sur de la capital debido a un derrame cerebral, según recogió entonces El Universal.
La Fiscalía sostiene que Murillo Karam estuvo al frente de una operación política en las sombras para tratar de cerrar de manera apresurada la investigación del caso Ayotzinapa. La desaparición de los 43 estudiantes normalistas en la noche del 26 de septiembre de 2014 ha sido uno de los grandes episodios traumáticos en la historia contemporánea de México, un caso todavía marcado por sus incógnitas más de una década después, entre los vacíos de información y las diversas teorías acerca de lo ocurrido. El desastroso manejo y la falta de seriedad en las indagaciones del caso provocaron pronto la caída de popularidad del expresidente Peña Nieto. La investigación de la FGR señala al exprocurador de obtener, mediante torturas a los detenidos, las declaraciones que necesitaba para reforzar su hipótesis sobre lo ocurrido en Guerrero.
Las hipótesis que rodean al caso han mantenido un nexo en común: la poderosa huella, una vez más, del narcotráfico. La actividad criminal es a la que se dedicaba el grupo que atacó y presuntamente desapareció a los 43 muchachos, Guerreros Unidos. Dos documentos divulgados en 2021 por la comisión presidencial a cargo de la investigación mostraban las conversaciones entre integrantes de ese grupo criminal y policías de la zona, que revelaban que el Ejército había monitoreado a Guerreros Unidos durante el ataque a los normalistas. Uno de diálogos interceptados es del mismo 26 de septiembre, en la noche del ataque.
(Información de El País)
