Ciudad de México.- Las administraciones de México y Estados Unidos han decidido ajustar el foco de su estrategia bilateral contra el crimen organizado, apuntando de forma directa hacia las arcas y redes de financiamiento de los grupos delictivos. De acuerdo con el embajador estadounidense en México, Ron Johnson, el objetivo prioritario no radica únicamente en el decomiso de narcóticos o la incautación de armamento, sino en desmantelar los flujos de dinero ilícito, la infraestructura financiera global y la cadena de complicidades que sostienen a estas organizaciones.
El anuncio fue hecho durante el Foro Internacional de Delitos Financieros CI-FIRST que se llevó a cabo los días 2 y 3 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México.
La visión compartida por ambos gobiernos parte de un diagnóstico pragmático; los arsenales y los cargamentos de droga son elementos reemplazables dentro de la operatividad criminal, mientras que la neutralización del capital desarticula de raíz su capacidad de maniobra. “Sin acceso a fondos líquidos ni a redes de lavado, los cárteles pierden la facultad de comprar insumos clave como el fentanilo y sus precursores químicos, adquirir armamento de alto poder, financiar el reclutamiento de personal o reconstruir sus estructuras logísticas tras los operativos policiales” dijo el embajador estadounidense en México, Ron Johnson.
El plan de acción, articulado bajo la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense Donald Trump, vincula estrechamente la persecución de los recursos ilícitos con el combate a la corrupción gubernamental e institucional. Desde la perspectiva bilateral, el cohecho opera como el motor que facilita la impunidad de las redes delictivas, al tiempo que ahuyenta la inversión económica formal, vulnera la seguridad pública y deteriora el bienestar de la ciudadanía en ambos lados de la frontera.
Finalmente, la representación diplomática advirtió que el rastreo del dinero sucio dejará un rastro detectable para las agencias de inteligencia y procuración de justicia. Bajo este enfoque, cualquier actor, entidad o facilitador que intervenga, transfiera o brinde cobertura a los recursos de procedencia ilícita quedará sujeto a las investigaciones transfronterizas en curso.