Presentan campaña organizaciones contra deportaciones de migrantes

Ciudad de México.- “#ProtecciónNoContención” es la campaña que presentaron organizaciones civiles, colectivos y redes de México y Centroamérica que protegen los Derechos Humanos a fin de exigir al Estado mexicano, en particular al Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN) a poner fin a la represión, contención y deportaciones ilegales contra las personas migrantes, entre ellas embarazadas, niñas o con discapacidades que necesitan protección, asilo o regularizar su situación. 

En un comunicado, explicaron que esta campaña es un llamado para que el gobierno mexicano elimine la política migratoria represiva que ha desempeñado en los últimos años, pues no cumple con la legislación nacional e internacional a la que se ha adjudicado, no respeta los derechos de las personas migrantes, pone en mayor riesgo a las mujeres y niñas, aumenta la separación de familiar, la violencia sexual, trata de personas y el peligro de que contraigan enfermedades, como la COVID-19. 

En los últimos tres años, dijeron, las autoridades mexicanas han participado con el gobierno estadounidense en acciones para expulsar, criminalizar y violentar a personas migrantes sin importar su condición, edad, sexo o contexto. Ejemplo de ello es que, desde marzo de 2020, muchas personas migrantes han sido expulsadas de manera indebida bajo el “Título 42” (establece que debido al coronavirus queda prohibida la entrada de personas con estatus migratorio irregular y deben ser expulsadas) y dejadas en una grave situación de vulnerabilidad. 

En esa misma fecha, detallaron, el gobierno mexicano aceptó participar en la política de expulsiones bajo el “Título 42” y se comprometió a recibir a 100 personas diariamente provenientes de Centroamérica, menos a aquellas vulnerables a la COVID-19, como embarazadas y menores de edad, pero no fue así. De 2020 a octubre de 2021, se han registrado vuelos desde Estados Unidos a Tabasco y Chiapas con personas de todas las edades y situaciones, quienes son trasladadas a la frontera con Guatemala sin notificar a sus consulados ni ser notificadas sobre su derecho a solicitar asilo en México. 

Comentaron que, en agosto de 2021, se comprobó cómo tres autobuses de la línea “Turistar” esperaron para subir a las familias, menores de edad sin acompañantes y embarazadas, expulsadas de Estados Unidos que bajaban del avión, para ser llevadas a la frontera con Guatemala por autoridades mexicanas y cruzar a pie a este territorio. Entre marzo de 2020 y julio de 2021, se registraron más de un millón de expulsiones bajo el “Título 42” de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. 

Asimismo, entre marzo y diciembre de 2020, según cifras obtenidas por el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imuni), fueron expulsadas a México más de 22 mil personas centroamericanas, de las cuales 23 por ciento fueron mujeres y 8 por ciento menores de edad, a través de 4 estados: Baja California, Coahuila, Sonora y Chihuahua. Ante ello, personal médico del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, declaró que el “Título 42” no previene que la COVID-19 no sea propagada ni cuida a la población de ello. 

A estas acciones, señalaron, se suman las deportaciones ilegales llevadas a cabo por el INM desde estaciones migratorias del centro y norte de México, esto ha dejado en el “Limbo a personas provenientes de Haití, Venezuela y Centroamérica, quienes permanecieron en Tapachula por más de un año sin oportunidades laborales, acceso a la salud y educación”. 

Enfatizaron que estas personas se vieron forzadas a salir de sus países porque en ellos no hay condiciones que les permitan construir una vida digna, ya que fueron víctimas de pobreza, inestabilidad política, violaciones masivas de Derechos Humanos, persecución por bandas del crimen organizado, violencia en razón de género y desastres naturales. 

Recomendaron a la administración de Joe Biden revocar la orden de expulsiones bajo el “Título 42”, restaurar de manera inmediata el acceso al asilo en los puertos de entrada, emitir un nuevo memorándum para finalizar el Protocolo “Quédate en México”, oponerse a políticas que tengan el objetivo de castigar a las personas por cruzar la frontera sur de Estados Unidos y terminar cualquier acuerdo con otros países que viole el derecho a la protección y asilo de la población migrante. 

Llamaron también a la sociedad a ser solidaria y hospitalaria para hacer más digno “el caminar de las mujeres, hombres, menores de edad y adolescentes que se encuentran forzosamente en México”. 

Cabe recordar que el 18 de octubre, 12 organizaciones civiles presentaron un “amicus curiae” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación” para fortalecer el amparo 302/202 que se encuentra en revisión en este mismo tribunal con el fin de que el Estado mexicano se niegue a participar en la implementación del Protocolo “Quédate en México” para que no pueda ser reactivado, ya que durante su desarrollo afectó la vida de 72 millones de personas migrantes. 

Tomado de Cimac Noticias.