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Reactiva Trump tribunal de deportación de terroristas que actúa en secreto

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Reactiva Trump tribunal de deportación de terroristas que actúa en secreto

La Administración de Donald Trump ha activado un tribunal que nunca había funcionado para deportar rápidamente a quienes se consideran terroristas extranjeros y a sus familiares directos. El 15 de julio el Departamento de Justicia presentó una solicitud ante el Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros (ATRC, por las siglas en inglés), la primera que recibe la corte desde su creación en 1996. No hay información disponible de contra quién se ha formulado la petición de deportación ni de qué argumentos ha aportado el Gobierno, porque el contenido se mantiene en secreto, como estipula el reglamento de este tribunal.

Lo que sí ha trascendido es que el Departamento de Justicia (DOJ) debía presentar más información a la corte este miércoles a más tardar. La jueza de distrito que preside el tribunal, Joan Ericksen, escribió que se plantearon “interrogantes sobre el nexo que el Gobierno alega que existe entre las acciones de la parte demandada y las secciones y subsecciones específicas que invoca en relación con dichas acciones”. Según explicó, “las respuestas convencieron al tribunal de que el Gobierno podría beneficiarse de la oportunidad de realizar una consideración más detenida”.

El misterio envuelve la decisión de activar el tribunal. Cuando se creó, se estipuló que la información se mantendría en secreto por considerar que era asunto de seguridad nacional. “Se requiere un caso muy particular y de extrema gravedad para justificar el recurso a este tribunal. Supongo que se presentó una situación fáctica tan sumamente grave y peligrosa que se vieron obligados a recurrir a él, ya que no disponían de ningún otro mecanismo para expulsar a esa persona de Estados Unidos sin correr el riesgo de revelar información altamente confidencial”, opina Aram Gavoor, vicedecano de Asuntos Académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, en D.C.

El Congreso creó el ATRC en 1996 como un tribunal especial y autorizó al presidente del Tribunal Supremo a designar a cinco jueces de tribunales de distrito federales para examinar las solicitudes de expulsión de extranjeros terroristas del país. El mandato de los jueces dura cinco años renovables y deben provenir de diferentes circuitos judiciales.

La ley faculta al fiscal general para redactar una solicitud de expulsión de un presunto terrorista extranjero y para presentarla ante el tribunal en secreto. Un solo juez puede aprobar la solicitud si determina que el extranjero en cuestión ha sido correctamente identificado como un terrorista extranjero y que su expulsión mediante otros mecanismos legales disponibles supondría un riesgo para la seguridad nacional. Ni siquiera la persona afectada sabe que es objeto de la petición hasta que el juez aprueba la solicitud del DOJ, lo que le permite tener una audiencia pública para impugnar la decisión. Cualquier apelación contra el fallo se debe tramitar ante el Tribunal de Apelaciones de D. C., al que también puede acudir el DOJ en caso de que su solicitud no sea aceptada.

“Todos los miembros de este tribunal han ejercido previamente como jueces en el Tribunal de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) durante un periodo de entre dos y cuatro años, por lo que están acostumbrados a exigir rigor al Gobierno, aunque no en procesos de expulsión de extranjeros, sino al autorizar escuchas telefónicas”, explica Gavoor, que ejerció como asesor jurídico de seguridad nacional del DOJ en varias administraciones demócratas y republicanas, a EL PAÍS.

Récord de órdenes de deportación

La puesta en funcionamiento de un tribunal que nunca se había activado ocurre en un momento en el que el Gobierno está presionando con nuevos medios para aumentar las deportaciones. Según datos que fueron adelantados por The New York Times, la Administración se ha propuesto detener a 2.000 personas al día para avanzar en la histórica deportación que quiere Trump. Este martes, TRAC (siglas del Centro de Información sobre Registros de Transacciones, que lleva el recuento no oficial de la actividad antiinmigración) publicó que en junio se cerraron 100.773 casos de deportación, un récord histórico, impulsado en gran medida por un aumento del 30% de las órdenes de expulsión dictadas por jueces de inmigración.

Durante los primeros meses de la Administración Trump se dictaron unas 50.000 órdenes y esta cifra se mantuvo estable por un año. En marzo de 2026, subieron a 60.000 y se mantuvieron en torno a ese nivel antes de dispararse a casi 79.000 en junio, según TRAC.

Aunque el ATRC nunca ha funcionado, el año pasado fue parte de un fallo sobre las operaciones iniciales de deportación de la Administración Trump. El Gobierno recuperó una norma de 1798, la llamada Ley de los Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act), para justificar la deportación de 260 migrantes salvadoreños y venezolanos en marzo de 2025 a El Salvador. La ley solo se había usado antes en situaciones de conflicto bélico, como en las dos guerras mundiales. Los detenidos no recibieron el debido proceso y fueron encerrados en el infame Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), conocido por la violación sistemática de los derechos humanos. La Administración los acusó de ser miembros de la pandilla criminal Tren de Aragua, que Trump denominó como organización terrorista. No se presentaron pruebas que lo sustentaran. En algunos casos los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) solo justificaron la pertenencia a estos grupos por los tatuajes que tenían grabados los acusados.

El juez de distrito James Boasberg, quien ordenó sin éxito el regreso de los aviones que transportaban a los detenidos, se refirió al tribunal que el Gobierno está activando ahora al oponerse a las deportaciones. “De hecho, el Congreso tiene una respuesta para nosotros, ¿no es así? Porque creó el Tribunal de Expulsión de Extranjeros Terroristas”, afirmó. “Siempre pueden acudir al ATRC —lo cual sería algo inédito—, pero para eso está, ¿verdad?”, dijo.

El abogado de la Administración, Drew Ensign, respondió entonces que el hecho de que la Administración pudiera recurrir a dicho tribunal no significaba que Trump tuviera prohibido utilizar una facultad distinta, como la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a personas sin necesidad de un juicio.

La incertidumbre sobre el caso que ha activado el ATRC por primera vez en la historia podría permanecer oculta por más de un año. “Nunca llegaremos a conocer todos los hechos, ya que ese tribunal fue diseñado precisamente para operar en secreto”, sostiene Gavoor.

 

(Información de El País)