Ciudad de México.- A casi un año de la reforma que prohíbe el outsourcing, en las empresas de seguridad privada persiste la contratación de personal bajo este esquema, denunció Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
Señaló que la falta de una Ley General en la materia propicia que alrededor de 55 por ciento (3 mil 575) de las 6 mil 500 empresas que el CNSP estima proveen este tipo de servicios, sigan llevando a cabo prácticas de subcontratación, evadan impuestos, operen en la informalidad y ocasionen precariedad laboral para sus empleados.
Reconoció que se ha avanzado en el cumplimiento de la reforma para eliminar el outsourcing, pero –sostuvo- uno de los problemas en el sector de la seguridad privada es que está “sobrerregulada”, al crearse leyes de carácter “asimétrico” que incluyen lineamientos diferentes entre sí. Es decir, indicó, existe una ley federal, 32 leyes estatales y otras de carácter municipal, principalmente en el estado de Guanajuato.
“Eso obliga a las empresas a cumplir con varias regulaciones, en función de los sitios donde opere. Esa asimetría jurídica genera problemas legales al sector, que se traducen en un incremento de empresas que operan al margen de la ley”, comentó Sapién Santos.
De acuerdo con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), al menos mil 706 empresas de seguridad privada están inscritas en el padrón; cada una tiene razón social en la que se especifica el servicio que otorga. En la plataforma se puede verificar que el contratista sí cuenta con esta disposición establecida en la Ley Federal del Trabajo (LFT), para prestar el servicio y que éste no coincide con su actividad preponderante.
La Secretaría del Trabajo informó en días recientes que realizará “con rigor y responsabilidad” 11 mil inspecciones para verificar que las empresas cumplan con la eliminación de la subcontratación.
En el Programa de Inspección 2022, la dependencia advierte que a partir del análisis de datos y cruce de información del REPSE se logró identificar sectores económicos –sin precisar cuáles– en los que “existe un potencial riesgo” de que se siga utilizando el outsourcing.
Las 6 mil 500 empresas de seguridad privada generan el 1.4 por ciento del producto interno bruto del país, y en ellas se emplean alrededor de 600 mil elementos, la mayoría de ellos sin capacitación ni uniforme; sin respetar sus derechos humanos y laborales, carecen de seguridad social, salario digno y reparto de utilidades, expuso Sapién Santos.
Al primer trimestre del año, 151 mil personas trabajaron de vigilantes y guardias en distintos establecimientos, pero en la informalidad con un salario promedio mensual de poco más de 4 mil pesos, según la plataforma Data México de la Secretaría de Economía.
Los guardias que sufren en mayor medida condiciones laborales precarias son los que se emplean en condominios, eventos masivos y complejos residenciales, donde no se supervisa si los elementos cuentan con capacitación y si las empresas operan en la legalidad, indicó.
Prueba de ello, dijo, son los hechos ocurridos en el estadio de futbol, en Querétaro, donde tres horas antes del evento contrataron a personal para vigilar un evento masivo, “sin verificar la capacitación, sólo solicitaron la identificación INE y no tener antecedentes penales; hubo una clara negligencia de la empresa de seguridad”.
El presidente del CNSP —instancia que ha sido el principal impulsor de la creación de la Ley General en la materia— señaló que las compañías ilegales del sector “dejan una carga social”, pues si los elementos tienen algún accidente en sus funciones, las empresas irregulares “incumplen con la LFT, cierran oficinas y se van a otra entidad; llegan con otra imagen y ofrecen otro tipo de servicios y son contratadas, se genera un “efecto cucaracha”.
La problemática seguirá permeando, sostuvo, no solo por la problemática del REPSE; mientras no haya una Ley General de Seguridad Privada, con un registro nacional y único de prestadores de servicios, del padrón de elementos, “será imposible poder avanzar una verdadera regularización de este sector empresarial”.
En mayo de 2021 la Comisión Permanente emitió la declaratoria de reforma constitucional al artículo 73, que facultó al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Seguridad Privada, cuyo ordenamiento fue publicado el 28 de mayo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.
El plazo máximo para expedir la ley venció en noviembre pasado. Recientemente autoridades federales informaron que se está analizando.
El CNSP fue precursor de la Ley Federal de Seguridad Privada, la cual se emitió en julio del 2006, para ofrecer certeza jurídica al sector; sin embargo, dicha ley ha quedado rebasada en la actualidad (es una Legislación de carácter Federal, 32 leyes estatales y algunos municipios que legislan a modo); por lo que el CNSP en coordinación con diversas empresas y organismos del sector, ha sido el principal impulsor y ha dado puntual seguimiento al proyecto de la Ley General de Seguridad Privada, pues más del 56% de empresas de seguridad privada del país no están reguladas.
El Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) es la asociación más importante del país y la primera en lograr la representación de las empresas de calidad más significativas nivel nacional. Fundada en 1996, cuenta con 27 años de ser el órgano más importante de representación, formación y consulta del sector, con cerca de 180 agremiados.
Comunicado de prensa Consejo Nacional de Seguridad Privada.
A Claudia la interceptó
retén de narcos ladinos,
e hipócrita declaró:
"Fue montaje de Latinus.."
AMLO DICE QUE ES MONTADO,
PUES PRESIDE UN NARCOESTADO.
![[Policías de la Fem se están clavando la gasolina de las patrullas]](/__export/sites/laopcion/img/2024/04/24/nDROMo4Y5IdmHskl.jpg?v=3)
[Policías de la Fem se están clavando la gasolina de las patrullas]
Dicen que algunos policías de las diferentes áreas de la Fiscalía Especializada de la Mujer, la llamada FEM, están haciendo “su agosto” con el robo de combustible.
Según lo que se escucha en los pasillos de esa fiscalía, es que hasta un comandante fue detectado haciendo “lanita” con el combustible que se queda de la unidad que trae a cargo.
Lo peor de todo, es que comentan que al comandante que lo agarraron como quien dice con la manguera en la boca, no le hicieron nada, solo le quitaron la unidad de reciente modelo que traía a cargo y como había otras patrullas viejitas pues agarró una de esas y hay anda como si nada.
Por cierto, comentan que ese comandante ya lo han puesto en diferentes unidades pero solo dura un breve tiempo, luego lo cambian gracias a que supuestamente está bien apalabrado con uno de los jefes de la corporación. Eso dicen, quién sabe si sea cierto.
Ya son varios los casos que se han detectado de policías ministeriales robando combustible de las unidades, pero parece que a los jefes no les importa mucho ese tema. Así las cosas.
Foto ilustrativa
- Por Federico Guevara
El ritmo procesal y la ingeniería de procesos
Por Leopoldo Gonzalez Baeza:
En la antigüedad y en la edad media los juristas y los jueces llegaban a opinar de la curvatura de la tierra y de la estructura del sistema solar condenando a investigadores tales como Galileo cuando no coincidían,
Actualmente existe un método interdisciplinario, el sistema de justicia recurre a la prueba pericial que se ha desarrollado a profundidad en los terrenos de medicina legal, criminología topografía forense etcétera.
Recordamos también que la informática le pidió prestado al derecho el término código o codificación. Gottfried Leibniz matemático era también abogado.
En esos supuestos la administración de justicia podría tener como centro de su actividad la Administración que en los tiempos actuales se ha desarrollado como disciplina científica y ha dado lugar a procedimientos de mejora tecnológica.
La ingeniería de procesos o la gestión de procesos tiene su origen en las entidades de producción industrial pero sus conceptos racionales se han extrapolado hacia la administración pública y en algunos países europeos hacia la administración de justicia.
El procedimiento civil o penal que tienen por objeto conjurar un conflicto entre particulares o de la sociedad representada por el ministerio público contra un delincuente pueden ser también objeto de mejora aplicando las referidas tecnologías.
Los expertos en esas ramas de administración traducen el procedimiento en un diagrama de flujo que representa gráficamente todas las etapas del procedimiento, realizan estudios de tiempos y movimientos para evaluar todas esas etapas y descubrir dónde se encuentran los obstáculos que dificultan el avance, llamados en el lenguaje de los técnicos ”cuellos de botella”, se trazan objetivos para medir la duración de los procesos y disminuir los tiempos a fin de que los usuarios gocen de resultados a la mayor brevedad, señalan parámetros para medir la calidad del producto tales como la cantidad de sentencias que permanecen firmes y que no son revocadas por los tribunales superiores, todo lo anterior dentro de un proceso de planeación participativa en donde se escucha la voz de los usuarios dentro de la etapa de la planeación estratégica denominada lluvia de ideas.
En la época actual el Tribunal Superior de Justicia del estado por conducto de su presidenta ha escuchado con atención los planteamientos de las organizaciones de abogados y tenemos noticias de que pronto se observará un proceso de mejora continua en todas las áreas del poder judicial, el foro de abogados estará pendiente para apoyar y participar
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