La Columna

Por Carlos Jaramillo Vela

Quienes han adquirido el carácter de protagonistas de la escena política, cuyos casos, aunque no inéditos si son poco comunes, son los hermanos Jorge y Víctor Quintana Silveyra. No obstante que el primero de ellos es de filiación priísta y el segundo un convencido militante y luchador de las causas sociales de la izquierda, ambos proceden de una familia en la cual la inteligencia y el talento han sido el sello distintivo, por encima de preferencias ideológicas y militancias partidistas. Así, los connotados hermanos están marcando un peculiar precedente en el anecdotario de la crónica política de Chihuahua. Tal aseveración se debe a que mientras el primero de ellos, va de salida al haber sido Secretario de Educación en el Estado, legislador local y Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, durante el sexenio del gobernador César Duarte; el segundo regresa a la palestra pública convertido en uno de los hombres de confianza -como Secretario de Desarrollo Social- del Gobernador Javier Corral, luego de haberse desempeñado en años pasados como alto funcionario del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, -en la Ciudad de México-, como diputado del Congreso del Estado de Chihuahua, y dirigente del PRD y MORENA. De tal modo, e independientemente de la diversidad de orígenes políticos de los gobernadores actual e inmediato anterior, el insigne apellido Quintana Silveyra repite en el relevo gubernamental, lo que sin duda algo indica sobre el bagaje que portan los hijos de esa estirpe familiar que comienza a escribir una nueva página en su historia.

Los que evidentemente comparten un denominador común -en caso de ser ciertas las versiones que circulan en los medios de comunicación-, son los casos relativos a las inconformidades o diferencias, existentes en la diputada local, Adriana Fuentes, y el Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio Pinedo Cornejo, con la diputada Karina Velázquez, Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado, y el Lic. Javier Benavides González, Director de la Policía Estatal, respectivamente. Aunque ambos escándalos corresponden a distintos poderes -legislativo y ejecutivo-, y los protagonistas de uno y otro militan en partidos políticos diversos -Partido Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional-, en esencia el origen de los conflictos suscitados en ellos es el mismo: la inobservancia de la disciplina por parte de los inconformes. En el primero de los casos referidos, se ha dicho que la diputada Fuentes entró en un estado de profundo malestar –incluso hay quienes creen que en lo sucesivo se rebelará en modo absoluto contra las directrices de su partido- por no haber resultado designada como líder de la bancada tricolor de la legislatura estatal que recién comienza; a su vez, el segundo de los asuntos en cita cobró revuelo luego de que se esparciera el rumor sobre el supuesto nombramiento que el gobernador Javier Corral Jurado confiriera a Javier Benavides González, para poner bajo su responsabilidad la titularidad de la Policía del Estado, corporación a la que dirigió de 1992 a 1998 -bajo las siglas de PJE- durante el sexenio del gobernador Francisco Barrio. Hayan sido o no verdaderas la versiones de dicho nombramiento policial, lo cierto es que a raíz de ello empezó a divulgarse la noticia de la renuncia de Pinedo, a quien Benavides denunció por difamación y detuvo en el año 2000 -cuando éste último fungía como titular de la Policía Municipal de Juárez-, debido a serias acusaciones que el periodista había hecho en ese tiempo contra el funcionario policial, a través de la revista Semanario. El acierto o desacierto que se haya tenido en las respectivas designaciones de Karina Velázquez y Javier Benavides, desde luego que para muchos puede ser discutible y objeto de interés o análisis, pues sin duda habrá quienes estén a favor y quienes se opongan, sin embargo, independientemente de la evidente controversia que generan estos asuntos, es innegable que los supuestos inconformes y causantes del ruido en cada uno de ellos -Adriana Fuentes y Antonio Pinedo- son personajes públicos que actúan dentro del marco de los esquemas institucionales del Estado; por lo tanto, al haber pasado por alto esta circunstancia y obrar en una forma que se percibió como arrebatada o impulsiva, los quejosos incurrieron en desacato, insubordinación e indisciplina, violando así la lealtad y la prudencia, principios imprescindibles para el ejercicio de la administración pública y la actividad política. Los responsables deben meditar las consecuencias de sus actos. El PRI y Javier Corral los perdonaron esta vez. ¿En caso de reincidencia, los volverán a indultar?

El puesto de nueva creación en el organigrama del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, que previa modificación constitucional y de los ordenamientos jurídicos colaterales, desempeñará Gustavo Madero, es la Coordinación Ejecutiva –Jefatura- del Gabinete. Dicha área será, por definición, una delegación de funciones que el gobernador hará en la persona de Madero, quien junto con el Secretario General de Gobierno -César Jáuregui-, será el número dos de palacio. Así, habrá un número uno, personificado por el Gobernador Corral; dos números dos, encarnados por el Coordinador y el Secretario; y varios números tres, que serán el resto de los secretarios del gabinete. Si se hubiera asignado la denominación y el carácter de Secretaría al área de Coordinación Ejecutiva del Gabinete, que estrenará Madero, se habría cometido un error, pues tal acción habría implicado duplicar funciones de la Secretaría General de Gobierno, ya existente, y haría necesaria la creación de un aparato burocrático paralelo a la super Secretaría que históricamente, por razones de jerarquía política y jurídica, ha sido el brazo operador mediante el que el titular del Poder Ejecutivo mantiene la comunicación y el control de las demás secretarías. Sin embargo, el plan del gobernador Corral no era generar obesidad en las estructuras gubernamentales, ni crear confusión al mantener dos entes con tareas similares. Por eso, el organigrama y la infraestructura de Madero serán inversamente proporcionales al tamaño de la responsabilidad y el poder que le será delegado por el Gobernador, pues aunque tendrá la importante encomienda de hacer que los engranes se muevan para que la poderosa máquina ejecutiva del Gobierno del Estado avance en la dirección y al ritmo deseados por el jefe de Palacio, para realizar su labor le bastarán algo así como un asistente particular, dos secretarias, una oficina con sala de acuerdos, cuatro computadoras con impresoras, y cuatro teléfonos fijos con sus respectivos celulares, una camioneta, un chofer y una cuenta de cheques al con algo de presupuesto.   

Y resulta que quienes se niegan a ver a la exprimera dama del Municipio de Chihuahua, confinada a tejer chambritas sentada en una mecedora, han empezado a referir la posibilidad de que ésta se incorpore a la titularidad del programa PROSPERA o en alguna delas áreas del gabinete del gobernador Javier Corral. Sí, ya en ciertos medios han circulado distintas versiones: unas apuntan que Lucía Chavira, esposa del exalcalde priísta Marco Adán Quezada, y excandidata a la Presidencia Municipal por el Partido Revolucionario Institucional, es considerada como posible sucesora de Delia Rita Soto Payán, frente a la delegación del importante programa federal -de la SEDESOL- para el combate a la desigualdad social y la pobreza; mientras que otros rumores afirman que está siendo respaldada por las organizaciones de la sociedad civil para que retorne al escaparate público en el gobierno del actual primer mandatario de Chihuahua. Aunque no se sabe aún de una respuesta oficial por parte del gobernador, el rumor difundido sobre su eventual ingreso al equipo del ejecutivo estatal se ha dado, al menos, en un escenario de relativa “factibilidad”, pues además de las buenas relaciones diplomáticas existentes entre el gobernador Corral y el exgobernador Reyes Baeza –cabeza del grupo político al que pertenece Chavira-, el jefe del ejecutivo chihuahuense está decidido a predicar con los ejemplos de la pluralidad y la equidad de género. ¿Cuál de las dos revoluciones le hará justicia a Lucía Chavira; la tricolor o la azul? Pronto lo sabremos.

Los inéditos conflictos registrados al interior de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en los días recientes, con motivo de las turbulentas elecciones de directores en varias de sus facultades, constituyen una clara señal de la urgente necesidad de modificar sustancialmente el marco normativo que rige la vida interna de esa máxima casa de estudios. Lo ocurrido en la Facultad de Derecho, donde el desacuerdo y las disputas entre los grupos de aspirantes a director, la Dirección, el Consejo Técnico y la base estudiantil, fueron de tal magnitud que desencadenaron la suspensión del proceso eleccionario y el nombramiento de un Director Interino -en la persona del respetable maestro de muchas generaciones, el jurisconsulto Luis Alfonso Rivera Soto-, es un hecho que no tiene precedentes y sintetiza las dimensiones de la crisis. La vida a veces suele ser paradójica, pues la escuela de los abogados, que es el sitio en el que por excelencia deben prevalecer el respeto a las normas, el diálogo, la tolerancia y la diplomacia, como mecanismos para el arreglo civilizado de las diferencias, terminó siendo el lugar donde la UACH exhibió en forma más bochornosa la debilidad institucional -¿y la lucha de pasiones políticas?- por la que atraviesa.

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