La Columna

Por Carlos Jaramillo Vela

Blanca Gámez y Alfredo Lozoya: en el ojo del huracán.

Regidora del PAN: le señala el camino al rector de la UACH… ¿y también al Gobernador Corral?

García Chávez: también le enmienda la plana a su amigo Javier Corral.

Vaya inesperada sorpresa que se llevó la ciudadanía chihuahuense hace unos días, al difundirse en los principales medios locales el contenido de un boletín emitido por la Secretaría de Gobernación y la División de Inteligencia de la Policía Federal, mediante el que ambas instancias gubernamentales encargadas de la seguridad y gobernabilidad en el país señalaron a la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua, como una de las incitadoras quien, según la información vertida, junto con otros actores políticos del ámbito local y nacional se encargó de promover algunas de las manifestaciones y medidas de presión que diversos grupos de ciudadanos y activistas desplegaron los primeros días de este año 2017 en diversas partes del país con motivo del incremento a los precios de las gasolinas.

En dicho reporte elaborado con la información recabada por las áreas de inteligencia y seguridad nacional del Gobierno Federal, además de la diputada Blanca Gámez también son señalados como responsables de tales actos de alteración del orden público el alcalde independiente de Parral, Alfredo Lozoya; el líder nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador –qué raro que AMLO ande en esos líos-; el Senador Mario Delgado Carrillo y el ex legislador Gerardo Fernández Noroña.

Varios medios de comunicación chihuahuenses y nacionales comentaron el citado informe de Gobernación, refiriéndose al caos y riesgo originados a raíz de las manifestaciones, los bloqueos y la toma de gasolineras, casetas, vías del ferrocarril, carreteras y terminales de PEMEX, así como debido al robo de combustible y saqueo de comercios ocurridos durante los disturbios. Sorpresiva, sin duda, la noticia, quién iba a imaginar que dos importantes servidores públicos chihuahuenses por elección popular, como la representante del Poder Legislativo de Chihuahua y el Presidente Municipal de Hidalgo del Parral, fueran formalmente señalados por encontrarse involucrados -junto con López Obrador, Fernández Noroña y otros personajes- en la organización de actos y manifestaciones de protesta que ponen en riesgo la tranquilidad pública y el orden social. Indiscutiblemente sería delicado el asunto para la legisladora y el alcalde mencionados -de llegar a confirmarse la veracidad de los reportes-, pues no es ético ni lícito conspirar contra los intereses del estado y la colectividad mientras dichos servidores ocupan puestos públicos en los que el electorado los colocó para –entre otros fines- velar por la paz y la armonía de la sociedad. ¿Con cuál equipo juegan?. 

Llaman la atención las notas publicadas recientemente en las columnas políticas y medios electrónicos de comunicación más importantes de Chihuahua, donde se dio cuenta del exhorto propuesto por la regidora panista del cabildo capitalino, Minerva Correa, para recomendarle a la UACH que actúe con sensibilidad social porque a pesar de que su nivel académico deja mucho qué desear, las cuotas que cobra a sus alumnos son muy elevadas –ocho mil pesos por semestre-. Igualmente las notas y columnas relataron la adhesión manifestada a tal propuesta por el regidor del PANAL, Julio Ortiz Villanueva, Presidente de la Comisión de Educación en el Cabildo. Es evidente que con este planteamiento los inquietos ediles no sólo dan muestra de empezar a tocar fibras sensibles de la sociedad al abordar -con justa razón- un tema tan vigente como las tarifas educativas de la Universidad, sino que también dejan entrever que están pisando callos por lo embarazoso que resulta dicho asunto para el Rector Luis Alberto Fierro Ramírez, e incluso para la élite gubernamental de la entidad, en virtud de las promesas de campaña formuladas sobre el particular por el actual inquilino del palacio estatal.

Por ello surgen tres preguntas ¿la intención de los regidores era señalarle al rector de la UACH el camino por el cual debe transitar? ¿O acaso su verdadero motivo era poner en evidencia el incumplimiento de la oferta electoral que en su etapa de candidato hizo a los chihuahuenses el ahora Gobernador Javier Corral? ¿Dichos regidores echaron a andar por su cuenta la estridente postura, o contaban previamente con la venia y el padrinazgo de la alcaldesa Campos? Por lo pronto, el posicionamiento de los ediles ha desencadenado varias declaraciones periodísticas del rector universitario y la regidora panista, quienes se han enfrascado en una serie alterna de dimes y diretes. ¿Quería ganar reflectores Minerva Correa?. Lo logró; el rector se encargó de ser su principal aliado.

El fuego amigo parece ser la constante en los inicios del nuevo gobierno estatal. Además del ruido generado por la joven regidora blanquiazul Minerva Correa, también Jaime García Chávez se sumó a la lista de quienes le enmiendan la plana al gobernador Javier Corral. En efecto, en días pasados el conocido abogado, político de izquierda, activista social y presidente de la organización Unión Ciudadana, aprovechó el escaparate público que representan los medios de comunicación para hacerle algunos señalamientos a su amigo y excompañero de causas sociales y políticas, el góber Corral, al declarar que “(el gobernador) Corral cometió un error al hacer uso de la fuerza pública contra las manifestaciones de protesta, porque él está por la representación ciudadana y no se puede acompañar del anuncio del uso de la fuerza pública”. Sin embargo, no sólo fue el tema del uso indebido de la fuerza pública lo que llevó a García Chávez a criticar la actuación de su amigo Corral, pues también entró en los renglones de la agenda del gobernador al exigir a éste que impidiera la participación de la Lic. Arely Gómez González, titular de la Secretaría de la Función Pública, en el Foro de Democracia Participativa y Buen Gobierno, que en fecha reciente se realizó en la capital chihuahuense bajo el auspicio del Gobierno del Estado de Chihuahua. Al esgrimir los argumentos de su petición, García Chávez dijo que sería “una ofensa a los ciudadanos y ciudadanas de Chihuahua que se le brinde una tribuna en el estado”.

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