Opinión

¿En la antesala de la cárcel?

  • Por Redacción1
¿En la antesala de la cárcel?

La columna

POR CARLOS JARAMILLO VELA

· César Jáuregui y Maclovio Murillo: ¿En la antesala de la cárcel?

Ahora, el reciente caso divulgado por uno de los más connotados periodistas chihuahuenses, es el relativo a una supuesta rebatiña interna que, según afirma el profesional de la información, sostienen César Jáuregui y Maclovio Murillo, quienes con sus respectivas calidades de Secretario General, y Consejero Jurídico, son dos de los más cercanos -¿y leales?- colaboradores de Javier Corral, en el gobierno del “Nuevo Amanecer” que parece que mal sale de un embrollo cuando ya está metido en otro. El meollo del asunto estriba en la supuesta pugna que mantiene enfrentados a Jáuregui y Murillo para lograr que los despachos jurídicos –¿propios o a través de presta nombres?- vinculados a éstos, asesoren y defiendan a los exfuncionarios del gobierno inmediato anterior detenidos y privados de la libertad por órdenes del mandatario, pues dichas asesorías y defensas jurídicas son asuntos que valen cantidades millonarias.

Si la realidad coincide con lo averiguado y publicado por el aludido periodista, al interior del gabinete de Corral se está gestando una lucha de ambiciones que podría derivar en un conflicto de intereses protagonizado por uno o ambos de los citados personajes, quienes junto con Gustavo Madero son los personajes políticos que más cerca le hablan al oído al senador con licencia, y los únicos a los que -cuando llega a desprenderse de su innato carácter taxativo- les presta cierta atención siguiendo sus consejos. Sí, así de grave es la trama de intereses económicos e incongruencias políticas que Osbaldo Salvador ha tenido el valor de investigar y públicar, para poner a los chihuahuenses en conocimiento de una de las fuertes disputas intestinas que se libran al interior del gobierno de Corral debido a las atractivas sumas de dinero que hay en medio.

En su trabajo periodístico, Osbaldo Salvador textualmente informa: “Como se advirtió ayer, hoy se darían a conocer nombres de la disputa entre dos funcionarios estatales, cuyos despachos se pelean la defensa de las víctimas de El Duartazo. Bueno, pues, los funcionarios están en franca guerra, son César Jáuregui Robles, secretario general de gobierno, y Maclovio Murillo, consejero jurídico del estado. A través de socios, designados por ellos mismos, sus despachos buscan a los encarcelados o sus familias para asumir una costosa defensa.”

Es imprescindible que no solo en el discurso, sino también en la práctica cotidiana, todos los funcionarios del “Nuevo Amanecer” hagan suya esa “ética” que con su clásica retórica el inquilino de Palacio pregonó hasta el cansancio antes de mandar imprimir y enmarcar sus directrices para que fueran colgadas bajo la forma de “código” en los muros de las oficinas del Gobierno del Estado. No es política, jurídica, moral, ni éticamente correcto que Jáuregui y Murillo se conviertan en jueces y partes del enjuiciamiento que la actual administración sigue contra los funcionarios del anterior sexenio.

Aunados a los datos que valientemente Osbaldo Salvador publica, hay otros indicios que generan la percepción sobre la existencia de una incongruente y temeraria proclividad de Murillo hacia el riesgoso escenario del conflicto de intereses. Dos conocidos abogados penalistas de la capital chihuahuense, cuyos nombres se omiten por prudencia y discreción, han comentado que el comportamiento cuestionable de Maclovio Murillo prácticamente es del dominio público, pues el primero de ellos, al abordar el tema, concluye diciendo: “...es un secreto a voces”; mientras que el segundo, de igual modo remata: “... eso lo sabe todo el foro -de abogados-”.

Así, como un secreto a voces, circula también la versión, nada favorable al Consejero Jurídico, de otra persona, también profesional de la abogacía y ampliamente conocida en el Estado de Chihuahua -cuya identidad tampoco se revela, por razones legales y éticas-, quien tuvo la oportunidad de ser testigo presencial de un hecho en el que a un inculpado le fue ofrecido el servicio particular para su defensoría jurídica.

De llegar a incurrir en yerros de tales dimensiones, dejándose arrastrar por la ambición, César Jáuregui y Maclovio Murillo -ellos lo saben bien- podrían pisar la cárcel varios años, pues habrían cometido, al menos, el delito de ejercicio ilegal del servicio público, y alguno -conflicto de intereses- de los relativos a abogados, patronos y litigantes.

De ser ciertas las sospechas que han empezado a filtrarse en la prensa sobre el desempeño de Jáuregui y Murillo, así como lo que se dice en el gremio de los abogados respecto a la actuación del último de dichos funcionarios, surgiría la pregunta: ¿Lo sabe y aprueba Corral, o acaso sus principales confidentes actúan a sus espaldas, traicionando arteramente su confianza?. No conocemos la respuesta exacta a esta interrogante, porque en medio de las pugnas e intrigas palaciegas del “Nuevo Amanecer” todo puede suceder. Sin embargo, lo cierto es que este gobierno -que un día sí y otro también protagoniza un nuevo escándalo- no logra convencer a propios ni a extraños, pese a sus retóricos pregones de ética, honestidad y transparencia.

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