*Ya se vio Ulises Pacheco de secretario *Hondo temor en el notariado *La duda del iphone *La buena del congreso

DICEN que Ulises Pacheco ya se vio en la nueva secretaría de seguridad pública del gobierno del estado. Por eso, en los últimos días, se ha dejado ver junto a El Paisa en los eventos oficiales. Ciertamente, Ulises, el jarocho, goza de una alta estima entre la familia Corral, pues tanto Javier como Leticia, le dispensan su amistad. Los que saben, aseguran que no sabe mucho de asuntos de seguridad pública, pero si tiene una ambición considerable por ocupar altos cargos en el estado. Así que, afirman, al tener noticia de la creación de otra dependencia, anda que no deja que se acerque nadie al tema. Corral dijo que El Penichón y El Apá seguirán en sus puestos, la fiscalía general del estado y la comisión estatal de seguridad, respectivamente. Ulises Pacheco llegaría a ocupar la secretaría de seguridad pública estatal, para completar el cuadro y contribuir al desorden que hay en esa materia. Eso si lo sabe hacer y si no, volteen a ver lo que hizo en Juárez.

EXISTE una gran preocupación en el gremio de los notarios por la detención de Fernando Ulloa. El boletín informativo sobre el hecho suscitó más dudas en torno al caso. Formalistas y cuidadosos como son los notarios, no pueden efectuar un pronunciamiento a botepronto. Sin embargo, hay que resaltar que el boletín de fiscalía informó que le acusaban de peculado por 20 millones de pesos. Y al final, en la audiencia judicial, el juez habló de un delito por 2.6 mdp. Es raro también que se diga que Ulloa contribuyó a falsificar un documento público. Que hizo que una propiedad apareciera a nombre de un particular, cuando fue adquirida por funcionarios con recursos públicos. Esa teoría suena más difícil de probar que la tierra es cuadrada o que hay internet en venus. Se mira muy jalada de los pelos la acusación, más cuando la ley contra el lavado le pone una serie de candados a la labor de los notarios que es difícil de evadir. Imagínese usted qué pensará Lalo Romero, el notario fronterizo, que escritura propiedades a los administradores del narcotráfico en Ciudad Juárez. Ha de andar con el jesús en la boca.

AL GOBERNADOR Corral se le deberían caer los pantalones de vergüenza, dijo un maestro jubilado. Es que, aseguran, no es verdad que hayan cubierto ya los aguinaldos de este año. Los maestros fueron a pensiones y se plantaron en las oficinas hasta recibir una respuesta positiva. Pero, llama la atención, que, en su desesperación, recurran a posturas radicales y lenguaje agresivo para ser tomados en cuenta. Incluso, a la dirigencia de la sección 41, o seáse, al profesor Ever Avitia, la llamaron cobarde, por no enfrentar los problemas de los maestros con dignidad. Señalaron que esa apatía no suena lógica, pero si suena metálica, que significa, lisa y llanamente, que se callan la boca a punta de moche y moche. Es que, son 600 millones de pesos los que están en juego, así como miles de maestro y sus familias que miran con incertidumbre sus ingresos y su estabilidad económica. Y de aquí para adelante, las cosas empeorarán, porque, en verdad se dice, jamás en una administración estatal le habían perdido el respeto tan pronto a un gobernador.

EL AGENTE del ministerio público adscrito a la dirección de inspección interna de la fiscalía, Francisco Erubey Herrera Venzor, hizo llegar un oficio a este portal informativo. Dirigido al reportero Gabriel Venzor, comunica, respecto del caso del iphonazo, que el celular apareció y que está a disposición del afectado. El iphone se encuentra a su entera disposición, dice el oficio, después que transcurrieran 18 días de la ilegal confiscación del aparato. La cita para la entrega, fue fijada por el agente del mp para este viernes a las 12:00 horas en el local que ocupa inspección interna, sito en la bolívar 712, donde se encuentra la fiscalía general del estado. El número de caso es el 19-2019-002745, oficio DCI-3940/2019 de la fiscalía especializada en control, análisis y evaluación, de la dirección de inspección interna. Faltará, ahora, ver los términos en que se pretende hacer la entrega, porque el juez de distrito mandató hacerla lisa y llana, como se entiende en la resolución del incidente de suspensión tramitado en el amparo 2182/2019 ante el juez tercero de distrito.

EL PAISA no se atrevió, por razones ignotas, a dar el gran paso de convertir la fiscalía general del estado en un órgano realmente autónomo. La iniciativa para crear la secretaría de seguridad pública, solamente provocará más grilla y más burocracia, pero no garantiza efectividad. La fiscalía debe dejar de estar en manos del gobernador en turno y convertirse en un ente ciudadano, gobernado por un consejo y operado por un fiscal. Los asuntos de los que se abran carpetas de investigación y los que sean judicializados, no deben depender de la decisión del titular del poder ejecutivo. Deben ser ventilados ante los miembros de un consejo que, ante los elementos y las evidencias, le pongan la luz roja o verde al fiscal para empezar sus investigaciones, sobretodo en casos relevantes. Presentar una iniciativa de esta naturaleza, implica una gran pérdida de tiempo, pues restan menos de dos años para terminar el quinquenio y seguramente, el próximo gobernador, hará desaparecer la nueva secretaría, por infuncional. Debemos entender que fallan las personas, no las instituciones, y que los cambios en éstas, no obligan a cambiar a quienes las ocupan. La clave está en hacer cumplir la función a los responsables de las instituciones, no en ponerles nombres distintos a las dependencias y aparentar que todo será distinto.

EL CONGRESO local aprobó este jueves eliminar la facultad de tránsito para retener documentos de los guiadores. Ahora podrá solamente pedir la exhibición de licencia de conducir y tarjeta de circulación, así como revisar las placas. Efectivamente, como dice el dictamen de la comisión de seguridad, estos hechos constituyen actos de molestia injustificados. No significa, por supuesto, que no vayan a aplicar las sanciones correspondientes en caso de omisiones. Empero, cesará un poco la prepotencia y la arbitrariedad de ciertos agentes de la policía vial que se sienten soñados al hacer uso de esa extinta facultad. La reforma propuesta por el diputado Miguel Latorre exige a los agentes portar cámaras de solapa para grabar sus intervenciones. Los demás legisladores se sumaron a la propuesta y el pleno aprobó la iniciativa de ley. Son cosas buenas que ocurren al filo de la navidad y es justo reconocerlo, la verdad, sin lugar a dudas.