El peor desastre ambiental en la industria minera

Por: Kamel Athie

(Segunda parte)

Dada la gravedad del colapso ecológico provocado por la mina Buena Vista del Cobre subsidiaria del Grupo México, con sede en Cananea, Son., el Presidente EPN asumió una actitud severa ante dicho grupo, al afirmar que habría sanciones no importando de quien se trate: : “El gobierno está comprometido para aplicar la ley, para sancionar a todo aquel que atente contra los recursos naturales y contra el medio ambiente de acuerdo a los principios marcados por la ley”.

El jueves pasado, el titular de SEMARNAT anunció haber llegado a un acuerdo con el corporativo de Germán Larrea, mediante la creación de un fideicomiso por 2 mil millones de pesos, que serían utilizados para la remediación y resarcir los daños tanto en las fuentes de abastecimiento de agua potable, como en la infraestructura de distribución de los 7 municipios afectados. Igualmente se dijo de primera mano que con dichos recursos se indemnizaría a los miles productores agropecuarios que usaban las aguas de los ríos Sonora y Bacanuchi a partir de la presa “El Molinito”.

A pesar que dicho fideicomiso quedará abierto en su monto, que puede elevarse, en tanto se hace un ejercicio detallado de cuantificación de los daños mencionados, el gobierno debe salvaguardar en los acuerdos que se firmen, los efectos de la contaminación en los años subsiguientes, pues la remediación ecológica no se resuelve de un año a otro, lo mismo ocurre con las actividades productivas que tardarán en regularizarse.

Durante mi reciente visita a la zona, sobre todo en la parte donde se obtiene el cobre que está llena de múltiples bordos o represos donde se hacen los “jales”, los cuales no reúnen las mínimas condiciones de seguridad hidráulica y representan un peligro potencial de nuevos derrames, incluso de repercusiones más graves, por lo cual la CONAGUA debe intervenir directamente suspendiendo la operación de la empresa hasta que no se construyan dichos bordos con las normas técnicas que garanticen su seguridad y eviten nuevos desastres.

Un experto en el tema lector mío, el Ing. Víctor Manuel Martínez, a raíz de mi artículo anterior me advirtió que ninguna empresa minera en México cumple con la normatividad ecológica, a lo cual le di la razón, ya que existe una gran corrupción de las autoridades del ramo. Por ejemplo las minas de Chihuahua son altamente contaminantes por las substancias que utilizan para obtener el oro. Huelga decir que SEMARNAT tiene mucha tarea por efectuar, debiendo fortalecer a PROFEPA dotándola de muchos más técnicos capacitados.

Con motivo de este desastre, emergieron por lo menos dos asuntos relacionados con violaciones a diversas leyes. El primero de ellos se relaciona con la construcción de una presa de 4 millones de metros cúbicos, construida por el Gobernador Guillermo Padrés, construida según se dice con recursos públicos, sin las normas técnicas de seguridad, pero lo más grave sin concesión de agua.

El otro tema, se relaciona con los trabajadores de la mina, en donde la mayoría son de todos lados menos de Cananea, ya que el Grupo México prohíbe contratar gente del lugar y los lleva de otras partes del país, lo cual atenta contra las leyes laborales y de derechos humanos, por lo que resulta obligado que el gobierno ponga orden en ambos casos, detrás de los cuales se alberga una gran corrupción.

Quitar la concesión a la subsidiaria del Grupo México era una opción real, que el gobierno desde luego consideró igual que los legisladores, sin embargo la exigencia de reparar los daños, tanto de remediación ecológica, como en indemnizar a los productores agropecuarios y la infraestructura dañada a los 7 municipios, representa una solución razonable para los afectados, sólo que habrá que asegurarse que se haga una pertinente cuantificación de daños y se formule una proyección de los mismos por el tiempo que dure la contaminación. De esta manera no se posponen las respuestas y se conservan los puestos de trabajo.

Esta solución sólo será adecuada si se incorporan al fideicomiso a los presidentes municipales y a los representantes de los productores agropecuarios y de la sociedad civil afectada.

Hace 108 años estalló una de las más grandes huelgas de México y fue precisamente en Cananea, Son, cuya represión produjo decenas de muertos y heridos, es por ello que hoy día y por lo emblemático de ese heroico pueblo, el gobierno está obligado a dar respuestas a los afectados y cuidar que se respeten sus derechos laborales y humanos.

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