Alerta el PRI sobre regreso de niveles críticos de violencia

Chihuahua.- En un pronunciamiento que entrelaza la urgencia de seguridad pública con la agenda de género, la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestó su profunda preocupación por el deterioro del orden social en la entidad, al tiempo que presentó una hoja de ruta legislativa y social diseñada para blindar los derechos de las mujeres chihuahuenses.

El presidente del Comité Directivo Estatal, Alejandro Domínguez, lanzó una advertencia severa basada en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública correspondientes a febrero de 2026.

Con 102 víctimas de homicidio doloso en un solo mes (lo que representa el 7.5% del total nacional), Chihuahua se ha ubicado en el tercer lugar nacional de este delito, solo por debajo de Guanajuato y Sinaloa.

Domínguez fue enfático al señalar que estas cifras no son aisladas, sino que reflejan un patrón que no se ha logrado romper, durante 2025, el estado mantuvo una racha crítica sin bajar de los 100 homicidios mensuales, alcanzando picos de hasta 160 casos. 

El dirigente comparó el escenario actual con el inicio de la crisis de inseguridad vivida entre 2007 y 2011, instando a los tres niveles de gobierno a dejar de lado el "reparto de culpas" y retomar estrategias que en el pasado dieron resultados, como la certificación penitenciaria, el mando único y la participación ciudadana real.

Por su parte, la secretaria general, Janeth Montes, centró la narrativa en el fortalecimiento de la estructura municipalista del partido y destacó que el PRI está consolidando políticas públicas con perspectiva de género en municipios como Delicias, Camargo y Parral, trabajando de la mano con figuras como la regidora Mónica Meléndez, del instituto municipal de las mujeres.

El anuncio central fue la promoción de la "Ley Mía", una propuesta legislativa emanada de la mesa estatal de mujeres, que busca reformar el marco jurídico estatal para ofrecer protecciones más robustas a las víctimas de violencia, inspirándose en casos reales que exigen una respuesta institucional inmediata. 

En el plano político, el PRI ratificó su rechazo al dictamen de reforma constitucional en materia electoral y al subsecuente "Plan B". Alejandro Domínguez argumentó que estas propuestas no solo vulneran la autonomía de los estados y municipios, sino que presentan un riesgo sistémico al limitar el financiamiento público.

Para la dirigencia tricolor, debilitar económicamente a las instituciones políticas abre una ventana de oportunidad peligrosa para que el crimen organizado ejerza control sobre las decisiones públicas en las regiones más vulnerables. Ante esto, aseguraron que darán una batalla jurídica y técnica para evitar que se posterguen procesos en el Poder Judicial o se manipule la revocación de mandato en el futuro cercano.