Aprueba el Congreso en lo general elección de jueces, juezas y magistrados

Chihuahua.- El Congreso del Estado aprobó la elección de Jueces, Juezas y Magistrado para el 2025, luego de las iniciativas presentadas ante la comisión de gobernación y untos constitucionales por parte de Morena y el PAN.

Con 26 votos a favor, cinco votos en contra y dos abstenciones fue aprobado el dictamen en lo general de la votación directa de las personas juzgadores, derivado de la reforma judicial.Como se recordará, al pasado 12 de diciembre del 2024, el Grupo Parlamentario del partido MORENA y el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron sendas iniciativas con carácter de decreto, a fin de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, referente a la elección de magistraturas y de juezas y jueces de primera instancia y menores, del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

La primera iniciativa, identificada con el número 507, se sustenta en los siguientes argumentos:

“La justicia es un pilar fundamental para el bienestar y desarrollo de cualquier sociedad, y en un Estado como Chihuahua, donde la ciudanía demanda un sistema de justicia transparente, accesible y comprometido con el pueblo, la reforma judicial representa una oportunidad histórica para avanzar hacia un Poder Judicial que verdaderamente responda a las necesidades de justicia de la ciudadanía. 

Esta reforma, inspirada en los principios de austeridad, independencia y acceso democrático, plantea cambios estructurales que buscan erradicar la corrupción, mejorar el acceso a la justicia y fortalecer la independencia del Poder Judicial.

Así mismo, plantea como una herramienta esencial para erradicar las prácticas de corrupción e impunidad que afectan a nuestro sistema de justicia, la creación de un comité de evaluación independiente que permitirá seleccionar y supervisar a jueces y magistrados de manera objetiva, eliminando el nepotismo y las influencias indebidas en los procesos judiciales”.

De igual manera, la iniciativa identificada con el número 508, se sustenta en la siguiente exposición de motivos:

“A partir de 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido nuestra Carta Magna, de la cual emanan las normas sobre las que nuestro país se integra, organiza y constituye. La misma ha dispuesto que la soberanía del Estado se divida para su ejercicio en tres poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En ese sentido, el Poder Judicial ha sido defensor de la norma suprema y de los derechos que se otorgan a cualquier persona que se encuentre dentro del territorio nacional. En razón de lo anterior, es imperativo recordar que la división de poderes es esencial para la democracia y fundamental para garantizar un estado de derecho que proteja los derechos humanos, asegurando el acceso a una justicia pronta, oportuna, completa, expedita, imparcial, independiente, autónoma, legítima, transparente y eficiente. 

En aras de procurar el debido funcionamiento de nuestro sistema judicial, se plantea reestructurar lo relativo a los procesos electorales enunciados en la Constitución local y, adicionar, en tratándose del Poder Judicial, lo relativo a un proceso para la elección de sus juzgadores, el cual se realizará mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a las bases que establece la Carta Magna.

Tal proceso electoral se deberá llevar a cabo en apego a los mismos principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad, independencia y paridad de género, propios de la materia, con la diferencia que el tiempo de campaña electoral para el Poder Judicial será por un periodo de sesenta días y en ningún caso habrá etapa de precampaña; así mismo, estará prohibido el financiamiento público o privado para las campañas de los aspirantes, quienes podrán participar únicamente en los espacios de televisión y radio conforme a la distribución del tiempo que señale la ley y determine el Instituto Nacional Electoral, así como en aquellos foros de debate organizados por la autoridad electoral competente del Estado o en aquellos brindados gratuitamente por el sector público, privado o social, en condiciones de equidad.

Por lo anterior, resulta necesario adecuar el marco constitucional local para sentar las bases sobre las que se llevará a cabo la elección de las magistradas y los magistrados, así como las juezas y jueces de primera instancia, ambos del Poder Judicial del Estado, y considerar también que deberán emitirse los lineamientos correspondientes a la convocatoria que, para tal efecto, habrá de publicarse.

Al analizar las facultades competenciales de este Alto Cuerpo Colegiado, quienes integramos esta Comisión de Dictamen Legislativo, no encontramos impedimento alguno para conocer del presente asunto.

Como se puede apreciar, ambas iniciativas en estudio esgriman como pretensión la adición, reforma y derogación de diversas disposiciones del mismo ordenamiento jurídico, esto referente a la elección de magistradas, magistrados y juezas y jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado, es por ello que esta Comisión ha acordado estudiarlas y analizarlas conjuntamente a fin de realizar el dictamen correspondiente".