Aprueban Ley de indulto en Chihuahua para proteger a personas en situación de vulnerabilidad

Chihuahua.- El Congreso del Estado aprobó la Ley de Indulto del Estado de Chihuahua, así como reformas al Código Penal local, con el objetivo de regular de manera clara y transparente la facultad del Poder Ejecutivo para conceder indultos a personas privadas de la libertad por delitos del fuero común. La medida busca garantizar un enfoque humanista y de derechos humanos en la política penitenciaria estatal.

La reforma incluye la derogación de la fracción III del artículo 91 bis y la modificación del segundo párrafo del artículo 103 del Código Penal, estableciendo que la Gobernadora o Gobernador podrá otorgar el indulto conforme a las disposiciones y excepciones de la nueva ley. La normativa establece criterios y procedimientos claros para que las personas sentenciadas o sus representantes soliciten la gracia.

Entre los casos prioritarios para el indulto se incluyen mujeres únicas cuidadoras de hijas o hijos menores de 14 años o con discapacidad, personas con enfermedades crónicas o terminales, personas mayores de 70 años con deterioro físico o enfermedades degenerativas, y personas pertenecientes a grupos vulnerables. La ley contempla la evaluación de cada caso por un Comité Técnico integrado por la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Consejería Jurídica del Ejecutivo, además de especialistas en derechos humanos y reinserción social.

El procedimiento para solicitar el indulto requiere la presentación de documentos como sentencia firme, antecedentes penales, identificación oficial y, en su caso, evidencia de parentesco o representación legal. Una vez integrada la solicitud, la Secretaría General de Gobierno y el Comité Técnico analizan la viabilidad de conceder la gracia antes de que la Gobernadora o Gobernador tome la decisión final.

La Ley de Indulto contempla que no podrán acceder a este beneficio personas condenadas por múltiples sentencias ejecutoriadas, delitos de corrupción, delitos contra la libertad y seguridad sexuales y desarrollo psicosexual, o feminicidio, ni quienes hayan registrado sanciones disciplinarias recientes en el sistema penitenciario.

Asimismo, la norma establece programas de acompañamiento para quienes obtengan el indulto, incluyendo apoyo psicológico, capacitación laboral, acceso a servicios de salud y vinculación con programas sociales, especialmente para mujeres, adultos mayores y grupos vulnerables.