Asesinato de alcalde de Uruapan evidencia crisis de confianza en la justicia: Jáuregui

Chihuahua.- Durante una conferencia impartida en las instalaciones de Ficosec, el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, advirtió que el país atraviesa una crisis institucional y política que recuerda al llamado “despotismo ilustrado”, donde el poder busca decidir “todo por el pueblo, pero sin el pueblo”.

El fiscal comparó el impacto del reciente homicidio del presidente municipal de Uruapan con el magnicidio de Luis Donaldo Colosio en 1994, y lamentó que la sociedad mexicana reaccione con una mezcla de indignación y resignación frente a los crímenes que cimbran la vida pública.

“Desde el homicidio de Lomas Taurinas de Luis Donaldo Colosio no recuerdo ningún otro homicidio que hubiese generado la conmoción que generó el de este presidente municipal de Uruapan en la opinión pública nacional y en el entorno político del país”, señaló.

Cuestionó las causas profundas de esa reacción social y subrayó que la ciudadanía se siente “total y absolutamente ausente” de las decisiones de gobierno. “Carece de opinión de peso específico para poder influir en las autoridades encargadas de la procuración de justicia o de la seguridad pública”, apuntó.

Jáuregui advirtió que la fractura entre el poder y la sociedad se ha agudizado porque “desde el poder se pretende imponer un modelo muy parecido al del despotismo ilustrado”.

“Todo por el pueblo, todo por el pueblo, pero sin la intervención del pueblo”, expresó, al destacar que el desmantelamiento gradual de las instituciones intermedias como los organismos de transparencia o los que regulan la relación entre medios y Estado está debilitando los contrapesos democráticos.

El fiscal cerró su exposición con una crítica al abandono sistemático de las instancias que servían de mediación entre sociedad y gobierno, al advertir que su deterioro “es un síntoma claro del vaciamiento de la vida pública en México”.

Llama a involucrar a la ciudadanía en la procuración de justicia

Asimismo, el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, afirmó que el principal reto del sistema de justicia en México es incorporar a la sociedad en las tareas de seguridad y legalidad, como ocurrió con la función electoral cuando pasó del control gubernamental a la participación ciudadana.

Durante su intervención, el fiscal recordó que hace décadas la confianza ciudadana en el Estado era mínima en dos rubros: la seguridad pública y la organización de elecciones.

"Había una función más temida que la seguridad pública: la función militar. Y otra más desprotegida que la seguridad, la función electoral”, dijo. “Pero, ¿qué pasó con la función electoral del Estado? Que pasó de ser la peor calamidad a convertirse en la mejor evaluada. Y todo fue porque muy temprano intervino la ciudadanía.”

Jáuregui destacó que la transformación del sistema electoral mexicano demuestra que las instituciones estatales pueden mejorar si se abren a la participación social. “No deja de ser una función estatal —subrayó—, pero es una en la que la sociedad tiene un papel decisivo: organiza a quienes se van a convertir en gobierno, sienta las bases de nuestra democracia y establece las determinantes de nuestra representación política.”

El fiscal sostuvo que la procuración de justicia debe seguir ese ejemplo. “No podemos presumir quienes tenemos la responsabilidad de procurar o impartir justicia que lo hemos hecho de tal manera que la sociedad esté satisfecha. Tenemos que recurrir a la sociedad, porque solo así podremos construir soluciones reales en materia de seguridad pública.”

Concluyó que instrumentos como Ficosec representan un modelo valioso de colaboración social, aunque reconoció que “todavía son un pequeño componente dentro del presupuesto estatal”, y que el reto es ampliar esa corresponsabilidad ciudadana en todos los niveles de gobierno.

 

Advierte que desaparecen los contrapesos sociales en materia de seguridad

Finalmente, César Jáuregui Moreno, alertó sobre la desaparición de los organismos intermedios entre gobierno y sociedad civil en el diseño de políticas públicas de seguridad, lo que —dijo— ha dejado al país sin representación social efectiva en ese ámbito.

“En este momento en el país no hay organismos que representen a las sociedades que viven la generación de políticas públicas en materia de seguridad. En lo absoluto”, señaló durante su participación en un encuentro de Ficosec.

Jáuregui explicó que, a diferencia de lo que ocurre en Europa, donde la sociedad civil conserva capacidad de incidencia frente a las crisis, en México esa posibilidad “ha sido eliminada por completo” a causa de la concentración del poder político y económico.

El fiscal advirtió que el vínculo entre el sector privado y el gobierno, que en Chihuahua se ha consolidado a través de mecanismos de cooperación, podría verse cuestionado en el futuro. “Ya se nos hace muy natural la alianza entre el sector privado y el gobierno en la generación de políticas de seguridad. Pero muy pronto podría surgir el debate de por qué se destina dinero público a grupos que dicen representar a la sociedad civil para opinar sobre seguridad pública”, advirtió.

Señaló que ese tipo de cuestionamientos ya ocurre a nivel nacional y que “muy probablemente comience también en Chihuahua”, lo que —consideró— pondría en riesgo el modelo de colaboración que ha evitado rupturas entre sociedad, Estado y medios de comunicación.

“Soy de los que opinan que debemos aprovechar este momento para impulsar una reforma del Estado que redefina la relación entre gobierno y sociedad en materia de seguridad y en otros ámbitos”, concluyó.