Buscan blindar presupuesto educativo en Chihuahua

Chihuahua.- El diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, del partido Morena, presentó una iniciativa con carácter de decreto ante el Congreso del Estado para reformar y adicionar la Ley Estatal de Educación y la Ley de Presupuesto de Egresos, con el objetivo de garantizar la progresividad del gasto educativo, asegurando que los recursos destinados a este sector no sean inferiores a los del ejercicio fiscal anterior.

La iniciativa se basa en el derecho humano fundamental a la educación y el principio de progresividad, reconocidos en el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos jurídicos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El legislador de Morena argumentó que el fortalecimiento del sistema educativo en Chihuahua depende de la suficiencia, estabilidad y progresividad de los recursos públicos. Actualmente, las asignaciones presupuestales pueden verse afectadas por factores económicos o decisiones administrativas, lo que impacta negativamente en:

La gestión e infraestructura escolar.

Las condiciones laborales y la capacitación docente.

El proceso de enseñanza-aprendizaje.

"El derecho a la educación, como derecho fundamental, no puede ser víctima de retrocesos presupuestales; de lo contrario, el ejercicio pleno de este derecho quedaría comprometido", señala la exposición de motivos.

El proyecto de decreto propone modificaciones específicas para consolidar el compromiso del Estado de Chihuahua con una política educativa sostenible:

Adición a la Ley Estatal de Educación (Artículo 3º)
Se busca añadir un párrafo para establecer la obligación de priorizar aumentos presupuestales anuales y garantizar que la asignación no sea inferior al ejercicio inmediato anterior, bajo el principio de progresividad para el ejercicio pleno del derecho humano a la educación.

Reforma a la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público (Artículo 5)
Se propone incluir que, para el caso del derecho humano a la educación, la programación y presupuestación serán consideradas de utilidad pública. Además, se establece que el recurso destinado a educación no podrá ser menor al ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de una disminución de ingresos, la autoridad hacendaria estatal no podrá reducir el recurso destinado a este sector.

El diputado Avitia Arellanes enfatizó que las disminuciones en el presupuesto educativo afectan "de forma severa el presente y el futuro de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes", además de vulnerar su esfera jurídica. La inversión progresiva en educación es vista como la base para una sociedad más justa y democrática, permitiendo a las nuevas generaciones aumentar sus capacidades.

Asimismo, se subraya la importancia de contar con recursos suficientes para la capacitación continua del personal docente, cubrir la totalidad de la estructura ocupacional (incluyendo personal de apoyo, psicología y trabajo social), y solventar el gasto corriente para el mantenimiento de la infraestructura escolar, que muchas veces recae en madres y padres de familia.