Buscan castigar control político en sindicatos de trabajadores del estado

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Chihuahua.- Con el objetivo de erradicar las malas prácticas y el control político sobre las organizaciones gremiales, el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena , presentó una iniciativa de decreto para adicionar el artículo 110 BIS al Código Administrativo del Estado de Chihuahua.

La propuesta busca garantizar que los sindicatos de trabajadores al servicio del estado gocen de una protección real contra cualquier tipo de intromisión por parte de funcionarios públicos, alineando la legislación local con la reforma laboral federal de 2019 y los tratados internacionales de la OIT.

La reforma destaca que cualquier servidor público que intente influir, coaccionar o manipular la vida interna de un sindicato incurrirá en una falta administrativa grave, lo que conlleva sanciones severas bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

"La autonomía sindical es garantía de libertad, justicia y dignidad, en la medida en que los sindicatos sean libres, se asegura que las dirigencias emanen de la voluntad de las bases y no del control político", afirmó el legislador en su exposición de motivos.

¿Qué conductas quedarían prohibidas?

El nuevo artículo 110 BIS detalla 19 conductas específicas que serán consideradas actos de injerencia ilícita, entre las que destacan:

- Coacción del voto: Amenazar o presionar a trabajadores para votar por una planilla específica.

- Uso de recursos públicos: Utilizar vehículos, instalaciones, fondos o personal institucional para favorecer o perjudicar a candidatos sindicales.

- Chantaje laboral: Condicionar ascensos, bonos, permisos o servicios institucionales a cambio de apoyo político-sindical.

- Represalias: Negar derechos o programas internos a quienes no apoyen la línea oficial de la administración.

- Propaganda gubernamental: Difundir mensajes institucionales para promover o desacreditar a grupos sindicales.

El diputado Avitia Arellanes fundamentó su propuesta en los avances de la denominada "Cuarta Transformación", destacando que la política laboral actual ha logrado hitos como el aumento del 154% en el poder adquisitivo del salario mínimo desde 2018 y la eliminación del outsourcing.

Asimismo, resaltó que la meta para 2026 es que el salario mínimo sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia, y para 2030, que alcance un máximo histórico equivalente a 2.5 canastas básicas.
La iniciativa señala que, aunque ha habido avances, aún persiste un "vacío normativo" en el Apartado B (trabajadores del Estado) en cuanto a transparencia y combate a la corrupción. Con esta reforma, Chihuahua se pondría a la vanguardia en la protección de la democracia sindical, impidiendo que los "dirigentes a modo" sean impuestos por las autoridades en turno.

La propuesta fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y posterior dictaminación.