Buscan castigar llamadas falsas a servicios de emergencia

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Chihuahua.- Con el objetivo de frenar el abuso sistemático de los sistemas de emergencia que pone en riesgo vidas humanas y genera pérdidas millonarias al erario, la comisión de seguridad pública y protección civil del congreso del estado presentó un dictamen para adicionar el artículo 307 Bis al código penal del estado de Chihuahua. 

Esta reforma busca tipificar como delito formal la realización de llamadas falsas o reportes improcedentes a los servicios de seguridad y auxilio.

La iniciativa, impulsada originalmente por las y los diputados del grupo parlamentario del partido acción nacional (PAN), surge tras un análisis alarmante de la situación en la entidad. 

Según datos de la secretaría de seguridad pública estatal, durante el año 2025 se han recibido más de 346 mil llamadas, de las cuales el 66.58% resultaron improcedentes. Esto significa que dos de cada tres llamadas que ingresan al 911 en Chihuahua no corresponden a una emergencia real, saturando las líneas y distrayendo recursos críticos.

El dictamen expone casos trágicos donde la saturación de las líneas por bromas telefónicas ha impedido la atención de emergencias genuinas, como infartos, derivando en la pérdida de vidas, además del costo humano, se destaca un impacto económico considerable: cada llamada falsa cuesta en promedio 31 pesos al erario, lo que se traduce en un desperdicio nacional de más de 4 millones de pesos diarios en combustible, personal y desgaste de equipo.

Actualmente, en Chihuahua, estas conductas sólo son sancionadas de forma administrativa a través de reglamentos de justicia cívica municipal, lo que ha resultado insuficiente para disuadir a los infractores, con la adición del artículo 307 Bis, el estado se alinearía con entidades como Puebla, Querétaro y Aguascalientes, donde ya se castiga con rigor el mal uso de las líneas de auxilio bajo el argumento de que la seguridad pública y la integridad física son bienes jurídicos superiores que deben protegerse penalmente.

La reforma pretende enviar un mensaje claro a la ciudadanía sobre la seriedad del servicio de emergencias, especialmente ante el dato de que una parte significativa de estas llamadas son realizadas por menores de edad, lo que refleja una falta de conciencia sobre las consecuencias fatales que puede tener una "broma" al evitar que una unidad de rescate llegue a tiempo a un siniestro real.

 

Buscan garantizar permisos con goce de sueldo a mujeres víctimas de violencia 

Chihuahua.- Con el objetivo de eliminar las barreras laborales que impiden a las mujeres acceder a la justicia, la diputada Nancy Janeth Frías Frías (PAN), presentó una iniciativa con carácter de decreto para reformar el código administrativo del estado de Chihuahua, así como una propuesta ante el congreso de la unión para modificar la ley federal del trabajo y la ley de los trabajadores al servicio del estado.

La propuesta busca establecer la obligatoriedad de otorgar permisos laborales con goce de sueldo a las mujeres que necesiten ausentarse de sus puestos de trabajo para atender diligencias judiciales relacionadas con violencia familiar, medidas de protección y juicios de alimentos.

Durante la exposición de motivos, se destacó que muchas mujeres en la entidad enfrentan el "absurdo dilema" de elegir entre acudir a ratificar una denuncia o conservar su ingreso económico. La legisladora expuso casos documentados en los que, tras asistir a la Fiscalía o a juzgados familiares, las trabajadoras sufren descuentos salariales, actas administrativas o incluso amenazas de despido por parte de sus superiores.

"El acceso a la justicia se vuelve un privilegio inaccesable cuando se traduce en descuentos salariales. Si una mujer sabe que al denunciar perderá su sueldo, elegirá seguir soportando la violencia para alimentar a sus hijos", señaló el documento de la iniciativa.

La iniciativa se sustenta en estadísticas críticas que colocan a Chihuahua en el foco nacional:

En el primer bimestre de 2024, la capital del estado ocupó el primer lugar nacional en denuncias contra deudores alimentarios.
Durante 2023, se abrieron 1,078 carpetas de investigación por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en todo el estado.
En Ciudad Juárez, se documentaron más de 5,400 víctimas de violencia familiar en un solo año, siendo los fines de semana los periodos de mayor incidencia.

La reforma pretende alinear la legislación local y federal con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual exige a los Estados adoptar medidas de apoyo, como licencias especiales, para víctimas de violencia doméstica. Asimismo, se fundamenta en la Convención de Belém do Pará y la Constitución Mexicana, que obligan a las autoridades a garantizar una vida libre de violencia y la igualdad sustantiva.

Para evitar el uso discrecional de estos permisos, la propuesta estipula que la licencia se concederá únicamente cuando la trabajadora acredite la necesidad de la ausencia mediante documentos oficiales, tales como citatorios, constancias de comparecencia o copias de medidas de protección emitidas por jueces o el Ministerio Público.

La iniciativa enfatiza que esta medida no representa una carga presupuestal adicional, sino un acto de justicia administrativa que garantiza que la estructura laboral no se convierta en una extensión de la violencia que las mujeres ya viven en otros ámbitos.