Buscan indulto para Erika; denuncian juicio sin perspectiva de género

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Chihuahua, Chih.– Erika ha permanecido privada de la libertad durante cinco años y cinco meses en el Cereso Femenil Número 1 de Aquiles Serdán, donde cumple una sentencia de 13 años por el delito de explotación infantil. Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) sostiene que, antes de ser condenada, fue víctima de violencia familiar sistemática por parte de su pareja y que el Estado no la juzgó con perspectiva de género, convirtiéndola también en víctima de violencia institucional.

Ante este panorama, la organización inició el procedimiento para solicitar un indulto a la gobernadora Maru Campos. De acuerdo con el CEDEHM, el comité revisor ya emitió una recomendación favorable al considerar que Erika se encuentra en una condición de alta vulnerabilidad. No obstante, el principal obstáculo para acceder al beneficio es el pago de la reparación del daño.

La legislación establece el pago de 40 mil pesos por concepto de daño material, recurso que, según la organización, ya fue reunido mediante aportaciones ciudadanas. Sin embargo, aún está pendiente una audiencia programada para agosto, en la que el Tribunal de Ejecución determinará el monto correspondiente al daño moral.

Las personas que deberán recibir esa reparación son sus propios hijos, quienes fueron reconocidos como víctimas dentro del proceso.

María Luisa Salazar Olvera, coordinadora del área de Delitos de Género del CEDEHM, explicó que el caso refleja las contradicciones de un sistema que exige la reparación del daño, pero que en su momento no consideró el contexto de violencia que enfrentaba Erika.

"Nosotras desde que conocimos el caso de Erika, nos hemos dado cuenta de que es una víctima de violencia de género por parte de su pareja, pero también víctima de violencia institucional al no haber sido juzgada con perspectiva de género. La ley del indulto prevé que puede otorgarse el perdón de la pena privativa de la libertad, pero no puede dejarse desprotegidas a las víctimas. Por ello, antes de conceder el indulto debe cubrirse la reparación del daño", señaló.

La activista explicó que la legislación establece como requisitos que la persona sentenciada no represente un riesgo para las víctimas, se encuentre en condiciones de vulnerabilidad y haya cubierto la reparación del daño.

Además del proceso jurídico, el estado de salud de Erika representa otro factor de preocupación. Padece lupus eritematoso, enfermedad que ha deteriorado su movilidad y la obliga a utilizar un andador. También es madre de un niño de tres años, quien nació durante este proceso y próximamente ingresará al preescolar.

Salazar Olvera afirmó que mantenerla en prisión no contribuye a la reparación del daño y, por el contrario, profundiza las consecuencias de la violencia que ha vivido su familia.

"Desde que impulsamos la Ley del Indulto junto con el Movimiento Estatal de Mujeres, hemos sostenido que esta figura busca impartir justicia con un rostro humano. En casos como el de Erika, mantener a una persona en prisión bajo estas condiciones de vulnerabilidad no beneficia a nadie. Además, al no haber sido juzgada con perspectiva de género, como sociedad también tenemos una deuda con ella", expresó.

Una vez que el Tribunal de Ejecución determine el monto por daño moral y este sea cubierto, la decisión sobre el otorgamiento del indulto corresponderá a la gobernadora Maru Campos.

El CEDEHM señaló que, tras recuperar su libertad, Erika enfrentará nuevos desafíos, pues además de vivir con una discapacidad física, deberá reincorporarse a la vida laboral y hacerse cargo de su hijo menor. Por ello, la organización hizo un llamado a la sociedad y al sector empresarial para brindarle oportunidades que le permitan reconstruir su proyecto de vida.