Caso Ichisal es resultado de coordinación institucional: Acosta Félix

Chihuahua.- La detención y vinculación a proceso de un exfuncionario del Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL) marca un hito en la lucha contra la impunidad en el estado. 

El caso, que inició tras una auditoría de rutina a la cuenta pública de 2021, ha revelado un esquema de desvío de fármacos oncológicos que no solo representa un daño al erario, sino una afrenta directa a los pacientes más vulnerables de la entidad.

Héctor Acosta Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), confirmó que el éxito de esta operación es resultado de una estrecha coordinación entre los organismos fiscalizadores y la Fiscalía Anticorrupción. 

El implicado, identificado como A.V.CH., se desempeñaba como coordinador estatal de almacenes y farmacias, posición que presuntamente aprovechó para sustraer medicamentos destinados al tratamiento de cáncer de mama e infantil, con un valor estimado en más de 107 mil pesos.

El fraude fue detectado por auditores de campo, quienes notaron irregularidades en recetas prescritas a nombre del propio servidor público. Tras un análisis del historial clínico, se determinó que el señalado no padecía ninguna condición oncológica que justificara el uso de estas sustancias. 

La investigación se consolidó tras entrevistar al Director del Centro Estatal de Cancerología, quien advirtió que las dosis registradas eran "extremadamente altas" y de aplicación diaria, cuando lo médicamente indicado para estos tratamientos es una frecuencia de una a tres semanas.

"Resulta indignante que se pretenda lucrar afectando a pacientes que reciben quimioterapias tan agresivas", señaló Acosta Félix. El Auditor subrayó que los fármacos desviados son piezas clave para la supervivencia de mujeres y niños, lo que agrava la naturaleza del delito.

Las repercusiones para A.V.CH. se han dado en dos frentes; en el ámbito administrativo, la Quinta Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) ya dictó una sanción que incluye la suspensión de su cargo por 90 días y la obligación de indemnizar al estado por el monto total de lo sustraído. En el terreno penal, la Fiscalía Anticorrupción logró que un juez dictara el auto de vinculación a proceso por el delito de peculado agravado, tras ejecutar la orden de aprehensión el pasado lunes.

Con esta resolución, las autoridades estatales buscan enviar un mensaje claro sobre la vigilancia de los recursos públicos, especialmente en áreas tan sensibles como la salud. Acosta Félix concluyó que confía plenamente en que el proceso judicial se llevará a cabo con estricto apego a derecho, asegurando que existan consecuencias tangibles para quienes decidan infringir la ley a costa de la vida de los ciudadanos.