Consulta indígena, un arma de dos filos: expertos
- Por Editor Bal
Chihuahua.- Dos abogados y una abogada que asesoran a comunidades indígenas en la defensa de sus territorios y de sus derechos, conversaron la mañana de este viernes 11 de agosto, sobre la pertinencia y la viabilidad de la figura jurídica del Derecho a la consulta previa, libre e informada que todos los pueblos indígenas tienen, cuando se realiza algún proyecto en su territorio.
Alma Chacón Márquez, abogada asesora de las comunidades de Bacajípare y Huetosachi; Andrea Cerami, abogado asesor de la comunidad Yaqui en el estado de Sonora y Ernesto Palencia, asesor legal de las comunidades de Choréachi (Pino Gordo) y Coloradas de la Virgen, conversaron sobre los casos que acompañan y el estatus legal que cada uno mantiene, así como el avance que a través de los años han obtenido.
Con la moderación de Jesús Hernández, se discutieron temas como la falta de voluntad política de las autoridades judiciales y ejecutivas del Estado Mexicano, así como el despojo ejercido por las empresas nacionales y multinacionales que buscan desarrollar megaproyectos en territorios indígenas.
Hay casos, como los de las comunidades del Divisadero en las Barrancas del Cobre, que tienen ya más de 20 años exigiendo que se cumplan sus derechos y denunciando el despojo y la exclusión de la que son objeto por parte de autoridades, empresarios, particulares y empresas trasnacionales.
Se concordó por los legistas, que hay un ambiente de adversidad ante las autoridades judiciales, pues en muchos casos denunciados por los pueblos indígenas, se ha resuelto que estos carecen de identidad legal, legitimación de la demanda y de interés, lo cual sólo significa que las autoridades desconocen a los pueblos indígenas como sujetos poseedores de derechos humanos y colectivos.
Asimismo, es preocupante la manera en la que, tanto gobiernos, como empresas nacionales o trasnacionales, emprenden campañas de desprestigio contra los pueblos indígenas, para invalidar sus demandas y generar un ambiente de adversidad social que les impida alcanzar la justicia.
Aunque se ha discutido sobre la necesidad de una ley de consulta a los pueblos indígenas, tanto especialistas del público, como los panelistas estuvieron de acuerdo que, en un país donde hay 90% de impunidad, una ley no serviría de nada, sino que sería más conveniente hacer reformas pertinentes a las leyes, como a la de Minería y otras, para que la consulta indígena se considere un requisito y una obligación previa a cualquier mega proyecto en el país.
Se habló de que la consulta indígena es un arma de dos filos, puesto que empresas, gobiernos y particulares, pueden utilizarla para legitimar la explotación de recursos y excluir a las comunidades indígenas de los beneficios de dichos proyectos.
“La defensa del territorio indígena agota todas las vías legales, pero también se cansan las personas”, comentó Jesús Hernández y manifestó con preocupación que haya un patrón de conducta en perjuicio de los pueblos indígenas: la normalización del despojo y la violación de los derechos comunales; la deslegitimación de las demandas de los pueblos indígenas, así como un impedimento sistemático de la obtención de justicia.
Finalmente, y para no dejar caer los ánimos, los asistentes felicitaron a la y los legistas por acompañar a estas valientes comunidades que, a costo de vidas, despojo y desplazamiento, han logrado visibilizar la urgencia de reconocer los derechos plenos de los pueblos indígenas y detener el despojo de que son objeto, poniendo en peligro su patrimonio comunitario, su cultura, sus usos y costumbres y sus propias vidas.
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