Denuncia invasión de 49 hectáreas por minera en Parral

Chihuahua.- El conflicto legal por la explotación de jales mineros en la histórica mina La Prieta ha escalado a instancias judiciales, luego de que el licenciado Javier Rodríguez Ang, representante legal del núcleo ejidal Maclovio Herrera, denunció formalmente una afectación de más de 49 hectáreas de terrenos ejidales que han sido explotadas de manera presuntamente irregular durante los últimos 11 años por la empresa Coanzamex S.A. de C.V., en complicidad por omisión o acción con el ayuntamiento de Hidalgo del Parral.

De acuerdo con las declaraciones del jurista, la empresa argumenta poseer un contrato vigente con el municipio sobre terrenos que originalmente fueron cedidos por Grupo México. 

Sin embargo, Rodríguez Ang sostiene que la explotación ha rebasado los límites legales, invadiendo una superficie exacta de 49.416 hectáreas pertenecientes al ejido. "Ni el municipio ni la empresa han podido presentar permisos o documentos que les otorguen la autorización para realizar esos trabajos en tierras ejidales", afirmó el abogado, subrayando que para cualquier intervención de este tipo es requisito constitucional e indispensable una asamblea ejidal que otorgue el consentimiento, la cual nunca ocurrió.

La situación tomó un matiz crítico tras las recientes reuniones con administrativos de Coanzamex, toda vez que según el representante legal, la empresa admitió tácitamente la invasión de los terrenos, justificándola como un posible "deslave" de material hacia la propiedad del ejido. 

El abogado calificó de indignante la postura de la compañía, señalando que los directivos sugirieron que los ejidatarios deberían "agradecer" que no se les cobre por la limpieza del terreno, ignorando que se trata de una zona contaminada con minerales que comprometen el uso común de la tierra.

Ante la negativa de diálogo por parte de la administración municipal encabezada por el alcalde Sergio Calderón y de la propia empresa, la defensa del ejido ha iniciado una ofensiva legal ante diversas dependencias federales y estatales. 

El pasado 31 de marzo se presentó un escrito ante la Profepa y otro ante la delegación de Semarnat, exigiendo que se delimite el área autorizada y se informe bajo qué criterios se permitió la explotación en propiedad privada ejidal.

Asimismo, el primero de abril se formalizó una denuncia ante la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado (Zona Sur), por los delitos de despojo, daños y delitos ambientales. 

El licenciado Rodríguez Ang informó que también se ha recurrido al organismo de transparencia (ICHITAIP) para obligar al municipio a revelar los contratos que mantiene con Coanzamex, los cuales han permanecido opacos ante la comunidad afectada.

El representante legal adelantó que el siguiente paso será la presentación de una demanda ante el Tribunal Agrario y un juicio de amparo ante un Juzgado de Distrito, con lo cual se buscará la suspensión de plano de las obras mineras hasta que Coanzamex y el Ayuntamiento de Parral demuestren la validez jurídica de sus operaciones. 

De no acreditarse la legalidad de la ocupación, el ejido exigirá la restitución total de las ganancias percibidas por la empresa durante la última década, derivado de la explotación indebida de las casi 50 hectáreas en disputa.